Ni un euro para la consulta ilegal

El Gobierno de Rajoy marcó este viernes un punto de inflexión en el tratamiento político del desafío separatista en Cataluña al requerir a la Generalitat que certifique semanalmente que no se han dispuesto fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. La ... orden se dirige a los interventores de las consejerías, el director general de Política Financiera y el director general de Presupuestos, de manera que la responsabilidad legal en caso de que se vulnere el acuerdo del Ejecutivo está perfectamente individualizada; incluso en términos penales, porque el falseamiento de los certificados remitidos al Gobierno o de la contabilidad oficial sería delito, al margen de la malversación de fondos que también se hubiera cometido. Es evidente que la Generalitat responderá a esta orden con la insumisión o con impugnaciones legales, pero lo importante es que el nacionalismo sepa que la respuesta del Estado entra en otra dimensión política, porque supone la actuación administrativa directa sobre una de las competencias fundamentales del Ejecutivo autonómico, la del gasto público. El Gobierno no va a fiscalizar genéricamente la gestión económica de la Generalitat. Sólo va a exigir que el dinero público no financie iniciativas prohibidas por el TC. Se trata de una decisión de gran trascendencia política, porque deja a un lado la vía judicial y utiliza los instrumentos administrativos previstos legalmente. Si la Generalitat incumple la orden del Gobierno central, este dejará de financiar a la Administración catalana con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica.