Mariano Rajoy, durante su comparecencia para explicar la aplicación del artículo 155
Mariano Rajoy, durante su comparecencia para explicar la aplicación del artículo 155 - EFE
Editorial ABC

La democracia vuelve a Cataluña

Nuestra democracia no solo no agoniza, sino que se revaloriza con lo ocurrido ayer. Lo imperativo era sofocar una rebelión contra la esencia misma de España y su Estado de Derecho

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Nuestra democracia entró ayer en una nueva fase para la pervivencia del sistema constitucional de 1978. Las consecuencias de la aplicación del artículo 155 por primera vez en la historia son imprevisibles, pero ello no obsta para sostener que la decisión adoptada por el Gobierno era imprescindible e inevitable. Incluso, tardía. El golpe de Estado dado por la Generalitat merecía desde luego la fulminante destitución de Carles Puigdemont y de su Gobierno, la intervención de facto del Parlamento catalán y la preparación del terreno para unas elecciones en seis meses, una vez recuperada la democracia en las instituciones. La prudencia y la paciencia siempre deben tener un límite. Cuando la agresión a las leyes se convierte en sistemática es imprescindible la contundencia, si de lo que se trata es de rescatar la democracia de quienes la han violado con contumacia. Era imposible que el Estado fuese permisivo un solo minuto más esperando una rectificación de Puigdemont, porque en su delirio ha convertido su causa secesionista en una obsesión enfermiza, que ya empuja a los catalanes a la ruina.

El mal está hecho y la fractura social es demoledora. Al Estado solo le quedaba el recurso de una profunda intervención, que en absoluto es discrecional o autoritaria. Se basa en un artículo de la Constitución diseñado precisamente para apartar a golpistas y evitar más daños a la convivencia. Lo que ha hecho el separatismo no es política, sino un atentado puro y duro basado en un odio irracional a España, hasta el punto de arrastrar a Cataluña a un proceso autodestructivo del modo más inconsciente e indigno. La actuación del Gobierno, del PSOE (aunque le cueste alguna renuncia en el PSC) y Ciudadanos es irreprochable, porque está basada en un criterio de Estado tendente a proteger la unidad de España. Todo lo demás son interpretaciones sesgadas, sectarias, extremistas e incluso miserables. España no es ninguna dictadura. Aquí hay nadie socava las libertades, solo los sediciosos y quienes, como Podemos, pretenden utilizar una profunda crisis de Estado como instrumento para destruir el sistema. A Puigdemont solo le cabe dar marcha atrás y no dañar más a consejeros y funcionarios con su rebeldía. No es un mártir de nada, y menos un mesías. Ayer, su reacción se quedó en un dislate, aludiendo retrospectivamente al franquismo, un mero lloriqueo en el que se limitó a pedir un pleno en el Parlament para discutir qué hacer. La secesión acusa ya el aldabonazo de ayer, es evidente.

Pero ahora, lo que compete al Estado de Derecho es controlar el Parlament y acallar a un Ejecutivo sedicioso, monitorizar a los Mossos desde su cúpula, e impedir que la radio y televisión públicas sean más tiempo los altavoces de una insurrección. Aparte queda el recurso de una querella de la Fiscalía si Puigdemont impulsa la declaración unilateral de independencia. En ese caso, el desafío habría llegado a un límite que exigiría su detención inmediata como paso ineludible para restaurar la legalidad. Ni la autonomía ni el autogobierno de Cataluña han quedado en suspenso: solo se garantiza la supervivencia de la democracia. Es evidente que la rebelión en Cataluña va a condicionar el resto de la legislatura más convulsa en los cuarenta años de democracia. Debatir ahora sobre si la legislatura estará concluida dentro de unos meses parece muy prematuro. Nuestra democracia no solo no agoniza, sino que se revaloriza con lo ocurrido ayer, incluso aunque la legislatura se vea forzosamente acortada por la retirada del apoyo del PNV al Gobierno. Hoy esas cábalas son secundarias. Lo imperativo es sofocar una rebelión contra la esencia misma de España y su democracia.

El artículo 155 puede que no sea una varita mágica, pero es el instrumento esencial del que se valió el constituyente para garantizar la soberanía nacional. Cuestionarlo es un ejercicio de cinismo intelectual. Si el Gobierno no actuase, prevaricaría. Era indispensable la aplicación del 155. Ya no cabe más modulación en la respuesta, ni más árnica con quienes no la merecen invocando falsos llamamientos al diálogo. La destitución de Puigdemont y la intervención del Parlamento catalán (por inéditas) suscitarán dudas que irán resolviéndose. Pero lo relevante ya no son siquiera las formas, sino el fondo, basado en criterios de valentía política y decisión para restaurar la legalidad donde había sido destruida. España, como realidad nacional e histórica, como Estado respetado y respaldado en Europa y el mundo, tiene la obligación de defenderse sin miramientos de quien se ha propuesto extinguirla.