Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Ada Colau, concentrados en la plaza Sant Jaume
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Ada Colau, concentrados en la plaza Sant Jaume - INÉS BAUCELLS
Editorial ABC

Cómplices del separatismo

Colau, Podemos y demás compañía puede que anhelaran una España blandita y temerosa ante la embestida separatista, pero se han equivocado de nación, de Estado y de Rey

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El carácter anticonstitucional del proceso separatista es un polo de atracción para la extrema izquierda, que confluye con los independentistas en el propósito común de reventar la Constitución de 1978 y, con ella, el consenso de la Transición y la concordia nacional. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es el exponente más claro de esa identificación en objetivos, quizá no tanto en medios, sobre la que se asienta esta coalición de oportunistas contra la democracia española. Colau no sólo apoyó y participó en el referéndum ilegal del 1-O, sino que encabezó las protestas contra la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional con un discurso agresivo e injurioso que no tenía nada que envidiar al más conspicuo de los separatistas. Ayer, con motivo del ingreso en prisión provisional de los dirigentes de Òmnium Cultural y la ANC, Colau sumó el Ayuntamiento de Barcelona a las protestas contra la decisión judicial, que calificó en las redes sociales como desproporcionada. No fue la única. Además de los habituales mensajes antisistema de Podemos, siempre cerca de los matones de Alsasua, del agresor Bódalo o del aprendiz de terrorista «Alfon», también algunos dirigentes del socialismo catalán criticaron por desproporcionado el encarcelamiento provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Está claro que el apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución es la máxima concesión -y veremos con qué límites- que los socialistas van a hacer al Gobierno.

Con estos mimbres, el separatismo puede construir de manera relativamente fácil y eficaz sus mensajes propagandísticos. La extrema izquierda se identifica con el propósito destructivo del proceso separatista catalán y una parte del socialismo español no consigue liberarse de ciertos prejuicios contra la vigencia del Estado de Derecho. La responsabilidad de Pedro Sánchez, por tanto, no se limita sólo a prestar su respaldo a la acción del Gobierno de Mariano Rajoy, sino también a liderar una izquierda -más allá del PSOE- leal a la Constitución y a la aplicación de la ley. Aunque sea obvio, hay que recordarlo: el ingreso en prisión de Sànchez y Cuixart no es un capricho de una juez de la Audiencia Nacional, sino la consecuencia de la intervención de ambos dirigentes separatistas en actos claramente violentos e intimidatorios contra agentes de la Guardia Civil. Quizá no esperaban los separatistas ni sus palmeros de la extrema izquierda que el Estado se pusiera en marcha como debe hacerlo un Estado de Derecho, aplicando la ley y neutralizando las amenazas a la convivencia. Colau, Podemos y demás compañía puede que anhelaran una España blandita y temerosa ante la embestida separatista, pero se han equivocado de nación, de Estado y de Rey.