Día D para el Gobierno de Kirchner si quiere evitar la suspensión de pagos

Los acreedores que reclaman el pago íntegro de sus bonos del Estado –f ondos de inversión («buitres») y un grupo minoritario- lo hacen con el aval de Griesa en la mano. Esos papeles se rigen, por decisión de Argentina, por la jurisdicción neoyorquina.

En uso de sus atribuciones el magistrado dictó en el año 2012, una sentencia en la que reconoce el derecho de los dueños de esos bonos a cobrar lo que figura en los mismos más los intereses. En total, unos 1.500 millones de dólares. En simultáneo, instó a las partes a sentarse a negociar un plan de pagos. Argentina, que en ese momento presumía de crecimiento a tasas parecidas a las de China, se negó al diálogo y optó por agotar la vía judicial.

El mes pasado la Corte Suprema de EE UU, última instancia, rechazó revisar la sentencia de Griesa que, en lugar de ordenar su ejecución inmediata, dispuso una mesa negociadora coordinada por Daniel Pollack, el «special master» o mediador que ayer escuchaba, contra reloj, a las partes.

Hasta ayer el gobierno argentino declinó las ofertas de los acreedores que le permitirían evitar caer en «default» (cesación de pagos) por incumplir el fallo de Griesa que mantiene bloqueado un vencimiento –de más de quinientos millones de dólares- a los acreedores que aceptaron reestructurar su deuda. El magistrado podría embargar ese dinero para hacer frente a las obligaciones establecidas en su sentencia si hoy no hay un acuerdo “in extremis”.

Ese pago, de no concretarse y no llegar a sus destinatarios nominales hoy como fecha límite, es el que determinará que Argentina entre en «default» (cesación de pagos).

Argentina argumenta que no puede afrontar ese desembolso porque de hacerlo los acreedores que reestructuraron su deuda podrían reclamar el mismo trato que los «buitres» apelando a la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que vence el último día del año.

Los «buitres» propusieron alternativas y un depósito como garantía para seguir negociando en enero y sortear la mencionada cláusula. Hasta ahora el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner rechazó cualquier opción y culpó al juez Griesa de lo que suceda por dictar un fallo que, según dice ahora el Gobierno, le sentencia a una suspensión de pagos.

El Gobierno pretendía que el juez levantara el bloqueo del giro y repusiera, sin ofrecer nada a cambio, el «stay» o medida cautelar que le permitía seguir pagando a los tenedores de bonos reestructurados.

La diputada opositora y ex candidata presidencial Elisa Carrió consideró que «no poner una garantía es como ir al «default» por una Louis Vuitton», en alusión a la colección de bolsos de esa firma de la presidenta argentina. «Lo que quiere Griesa –insistió la diputada de Unem- es una garantía de que van a pagar alguna vez. Puede ponerla de trescientos millones de dólares que no es nada. El daño que está haciendo (la presidenta) a la Argentina es terrible».

El Gobierno primero dijo que «los buitres no verán un dólar», después garantizó que pagaría «a todos» y los últimos días proclamó que consideraba que ya había pagado. Asimismo, desperdició el mes que tuvo para sentarse en la mesa con los fondos a negociar «en serio» como le reclamaban.

«Tendrán que inventar otra palabra» proclamó la presidenta Cristina Fernández la semana pasada para referirse al día de hoy dando a entender que asumía la cesación de pagos, una opción voluntaria que el Ejecutivo, con su hábil retórica, adjudica y responsabiliza a Griesa.