Argentina quema su último cartucho antes de la suspensión de pagos

Una delegación del Ministerio de Economía viaja hoy lunes a Nueva York para, contra reloj, tratar de acercar posiciones. Hasta la fecha el gobierno argentino ha declinado las ofertas de los acreedores que le permitirían evitar caer en «default» (cesación de pagos) por incumplir el fallo dictado -en el 2012- por el juez Thomas Griesa y de obligado cumplimiento desde hace un mes.

El juez Griesa mantiene bloqueado un vencimiento –de más de quinientos millones de dólares- a otros acreedores que aceptaron reestructurar su deuda en el 2005 y el 2010. El magistrado podría embargar ese dinero para hacer frente a las obligaciones establecidas en su sentencia si no hay acuerdo.

Ese pago, de no concretarse y no llegar a sus destinatarios nominales el miércoles como fecha límite, es el que determinará que Argentina se quede fuera , en términos absolutos, del sistema financiero internacional (incluidos sus recientes acuerdos con China). Argentina argumenta que no puede afrontar ese desembolso porque de hacerlo los acreedores que reestructuraron su deuda (algunos con pérdidas de hasta el 65 por ciento) podrían reclamar el mismo trato que los «buitres» apelando a la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que vence el último día del año.

Los «buitres» propusieron alternativas y un depósito como garantía para seguir negociando en enero y sortear la mencionada cláusula. Hasta ahora el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner rechazó cualquier opción y culpa al juez Griesa de lo que suceda por dictar un fallo que, según dice ahora el Gobierno, le sentencia a una suspensión de pagos. El fallo de Griesa fue apelado en la Corte de Apelaciones que lo ratificó y el Supremo de Estados Unidos hizo lo propio al negarse a revisarlo el mes pasado.

El Gobierno quiere que el juez levante el bloqueo del giro y reponga, sin ofrecer nada a cambio, el «stay» o medida cautelar que le permitía seguir pagando a los tenedores de bonos reestructurados.

La diputada opositora y ex candidata presidencial Elisa Carrió consideró que «no poner una garantía es como ir al «default» por una Louis Vuitton», en alusión a la colección de bolsos de esa firma de la presidenta argentina. «Lo que quiere Griesa –insistió la diputada de Unem- es una garantía de que van a pagar alguna vez. Puede ponerla de trescientos millones de dólares que no es nada. El daño que está haciendo (la presidenta) a la Argentina es terrible».

Argentina ha dado señales contradictorias sobre lo que va a hacer desde que agotara todas las instancias judiciales para evitar pagar a los acreedores que tienen bonos suspendidos desde el 2001. El Gobierno pasó de garantizar que pagaría «a todos» a decir que consideraba que ya había pagado y, prácticamente, desperdiciar el mes que tuvo para sentarse en la mesa con los fondos a negociar «en serio» como reclamaban.

«Tendrán que inventar otra palabra» proclamó la presidenta Cristina Fernández la semana pasada para referirse al miércoles dando a entender que asumía la suspensión de pagos, una opción voluntaria que el Ejecutivo, con su hábil retórica, adjudica y responsabiliza a Griesa .

Las «negociaciones» entre las partes se realizan bajo el auspicio del juez, que designó a Daniel Pollack como mediador o «special master». La mediación, hoy por hoy, no ha dado frutos pero sí arrojado escenarios insólitos. Entre otros, ver a Pollack cruzando de una habitación a otra con mensajes de las partes tras la negativa de Argentina a compartir mesa y verse las caras frente a frente con los representantes de los fondos de inversión especulativo. Otra imagen posterior, el pasado viernes, colocó a la parte argentina a solas en el despacho de Pollack y a los fondos «buitres» negociando por teléfono.

La última palabra no está dicha pero los mercados, desde hace unos días, se preparan para una eventual suspensión de pagos.