Mordaza en Rabat

EL Tribunal de Apelación de Rabat ha «rebajado» a tres años de cárcel la condena impuesta al periodista Ali Lmrabet, hoy en huelga de hambre. Director de dos semanarios de carácter satírico, privados de publicidad, estaba acusado de injurias al Rey y ofensas a la Monarquía y a la integridad territorial de Marruecos. Desde que se produjeron los atentados de Casablanca son ya cinco los periodistas detenidos por el régimen marroquí. Pero el terrorismo es poco más que la coartada. Una Ley de Prensa aprobada el año pasado prevé sanciones de cárcel para las críticas al poder. Por otra parte, la ausencia de garantías es patente. La sesión de apelación duró minuto y medio.

En Marruecos, la disidencia y la sátira son delito. Mientras las autoridades pretenden caminar por la senda de la democracia y la liberalización, la realidad sigue un rumbo opuesto. La libertad de expresión y la independencia de la Justicia son en Rabat quimeras pisoteadas. Ana Palacio se ha referido a los principios generales de lo que «creemos es una apuesta seria y comprometida de Marruecos con los valores occidentales» y con el ordenamiento jurídico de la UE. A lo que se ve, Rabat está perdiendo la apuesta. Hay que ser amigos del país vecino pero más amigos de la verdad y la libertad. Y no de quienes vulneran los derechos de sus ciudadanos. La amistad con estos no puede incluir a los gobernantes que los rebajan a la condición de súbditos. España y, en general, la Unión Europea, deben presionar, como acaban de hacer con la tiranía castrista, para que las autoridades de Marruecos reparen la flagrante injusticia. No comparte los valores occidentales ni los principios del ordenamiento jurídico europeo un régimen que vulnera la libertad de expresión y la independencia de la Justicia.