El Consejo de Europa diferencia el valenciano del catalán entre las lenguas minoritarias

El mismo informe constata, entre otros datos, que el 82,4 por ciento de la población de la Comunitat Valenciana conoce el valenciano y pide "extremar el cuidado" para que esta lengua no se vea afectada por el modelo educativo trilingüe.

El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como objetivo principal la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos. Se trata de la institución de este tipo más antigua de nuestro continente y engloba a la totalidad de las naciones europeas con la sola excepción de Bielorrusia . Tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo y su órgano más activo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consejo de Europa analiza también en su informe el uso del valenciano en la Región de Murcia , que equipara al del gallego en Asturias, Castilla y León y Extremadura o al del portugués en Olivenza (Badajoz), el bereber en Melilla, el árabe en Ceuta, y el caló.

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El Consejo de Europa destacó este jueves el "muy elevado nivel de protección" que tienen las lenguas regionales y minoritarias en España, pero señaló carencias en el uso de las cooficiales en la Justicia , la asistencia sanitaria y los medios de comunicación.

El citado informe del comité de expertos de la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias, aprobado por el comité de ministros de esa organización de 47 Estados miembros, ensalza en primer lugar que la situación tras el último, efectuado en 2012, "ha mejorado considerablemente".

El catalán lo entiende el 97,1 % de la población en Cataluña y el 78,2% en Baleares; el 95 % entiende el gallego en Galicia, el 82,4 % conoce el valenciano y el 29 % de los vascos mayores de 16 años utiliza el euskera, porcentaje que se eleva al 60 % entre los jóvenes.

Pero tras la visita de los expertos a España entre el 6 y el 10 de octubre de 2014, estos advirtieron de que persisten similares "problemas significativos" a los de anteriores evaluaciones.

Así, no se han apreciado cambios en la legislación sobre el derecho a iniciar procedimientos en lenguas cooficiales ante los órganos de administración de Justicia y del Estado, "a pesar de las recomendaciones realizadas por el Comité de Ministros".

En este sentido, el informe señala la Ley orgánica del Poder Judicial como "uno de los principales obstáculos" para el cumplimiento de la Carta, que entró en vigor en España en 2001.

Respecto a la atención sanitaria y otros servicios públicos, los expertos señalan que la falta de personal conocedor de la lengua regional "obstaculiza" su uso.

La evaluación añade que la ley orgánica 8/2013 que fortalece la enseñanza del castellano en toda España "no es bien aceptada" por hablantes de algunas lenguas minoritarias, que temen que ese apoyo "será a costa" de las suyas.

Los expertos recomiendan "extremar el cuidado" para que el modelo de educación trilingüe, implantado en Baleares, Galicia y la Comunitat Valenciana, "no afecte negativamente a la oferta de educación en las lenguas regionales o minoritarias".

El informe pide también esfuerzos a las comunidades autónomas para que los medios de comunicación tengan "una cobertura adecuada en toda la región".