El Tribunal de Cuentas abre procedimiento sancionador a diez partidos por irregularidades en sus cuentas

En el caso de la formación que preside Albert Rivera, el procedimiento (el más llamativo de los iniciados a las fortmaciones) se abre debido a «la posible asunción, en el ejercicio 2015, por terceras personas, de gastos del partido». Según fuentes consultadas por ABC, el organismo fiscalizador se refiere a gastos electorales de 14.000 euros que pagaron esas «terceras personas» . El partido lo contabilizó como una donación en especie, en vez de declarar la donación en metálico y pagar las facturas correspondientes.

El Pleno del Tribunal celebrado en la tarde del miércoles también ha acordado abrir procedimiento sancionador por la posible falta de un sistema de auditoría o control interno en 2015 a Convergència Democrática de Catalunya, Izquierda Unida, Unió Democrática de Catalunya, Amaiur, Coalición Euskal Herria Bildu, Coalición Euskal Herria Bildu y Federación Euskal Herria Bildu .

También procede contra Convergència, Izquierda Unida y Unió Democrática de Catalunya «por la posible percepción de donaciones contraviniendo las limitaciones o requisitos establecidos en la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Político».

El resto de procedimientos sancionadores que se han abierto son uno al PNV por la posible realización, en el ejercicio 2015, de actividades de carácter mercantil, y otro a UPyD por la posible falta, en el ejercicio 2015, al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas.

En los informes de fiscalización aprobados el pasado diciembre el Tribunal de Cuentas se negó a dar su conformidad a la contabilidad de nueve partidos y abrió un periodo de información previa para recibir sus alegaciones, pero en sus dos últimas reuniones del Pleno de la institución se ha acordado abrir los expedientes sancionadores.

Ahora el Pleno va a designar un instructor del procedimiento que acordará la apertura de un periodo probatorio si así lo solicitara el partido o si, de oficio, lo considerase necesario . «Transcurrido este periodo, y practicadas las actuaciones legalmente previstas, el instructor ha de elevar al Pleno una propuesta de resolución en la que ha de calificar las infracciones cometidas y proponer la sanción que resulte aplicable, o, si considerara que no existe tal infracción, efectuará una propuesta de absolución», informan fuentes oficiales.