Las trabas del TC al plan del Gobierno para vetar las leyes de la oposición

Con este fallo, el TC pone en jaque la principal estrategia utilizada por el Gobierno para salvar la frágil mayoría parlamentaria que le apoya en el Congreso, ya que el veto presupuestario le permite frenar las proposiciones de ley de la oposición antes de que puedan debatirse en Pleno siempre que afecten a los Presupuestos en curso. Se trata de una prerrogativa al amparo del artículo 134.6 de la Constitución que el TC no niega, pero sí entiende que no puede ser utilizada a la ligera sino basada en esa demostración de afección real a las cuentas y no en hipótesis.

Esta exigencia complica la posición de apoyo que Ciudadanos venía prestando al Gobierno para poder mantener esta estrategia, dado que el PP necesita el acuerdo de la formación naranja para preservar los vetos del Gobierno en la Mesa del Congreso. Tanto PSOE como Podemos recibieron ese apoyo con júbilo y lo utilizaron como arma contra el grupo que preside Albert Rivera. El fallo del TC se refiere en concreto a la decisión de la Mesa de levantar el veto sobre la derogación de la LOMCE, y dado que en ese caso concreto Cs estuvo de acuerdo, su primera reacción pública fue positiva. Su portavoz adjunta Melisa Rodríguez lo interpretó como «un toque de atención al Gobierno de Mariano Rajoy», al que pidió que «no se extralimite en sus funciones».

Pero en privado la reflexión es mucho más compleja. La sentencia del TC obligará a Cs a levantar ese apoyo general y someter a su escrutinio cada uno de los vetos que presente el Gobierno a partir de ahora. De su decisión dependerá que los vetos del Gobierno se mantengan o no, lo que puede complicar la ya de por sí deteriorada relación con el PP . Hasta la fecha el Ejecutivo ha usado esta herramienta más de 60 veces y ayer mismo la Mesa del Congreso aprobó otros dos vetos.

La Moncloa «acata y respeta» la sentencia pero pone el énfasis en que ésta reconoce «plenamente la potestad del Gobierno de oponerse a la tramitación de proposiciones que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos» y «no cuestiona de forma general esta potestad», aseguran desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

La novedad que introduce el TC es la consideración de que «para poder ejercer la facultad de defensa de los presupuestos en vigor, el Gobierno debe argumentar la existencia de una conexión directa, inmediata y actual sobre los mismos», puntualiza, anticipando que el Ejecutivo seguirá adelante con su estrategia de vetar presupuestariamente cualquier iniciativa de la oposición que suponga un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos . Solo que, a partir de ahora, se preocupará de constatar que la iniciativa vetada afecta de una forma real y efectiva a los presupuestos en vigor. «Esta STC no supone ni mucho menos la supresión -más bien confirma- la capacidad del Gobierno de oponerse a la tramitación de proposiciones de ley, que es una prerrogativa constitucional que la Constitución otorga al Gobierno para defender unos presupuestos que la propia Cámara ha aprobado», subrayan.