Puigdemont provoca al juez al anunciar que irá a Dinamarca

La ley fija que no podrá ser más tarde del 31 de enero. Los partidos políticos ya trabajan con la fecha del 29 de enero, dando tiempo, así, a que la CUP decida su posición al respecto -lo hará el 27 de este mes- y que se formalicen los grupos parlamentarios, cuyo plazo finaliza el mismo 29.

En este sentido, a partir de que Torrent proponga el nombre del candidato y fije el día del pleno de investidura -decisión que no es necesario que pase por la Mesa-, el Gobierno podrá recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, que lo suspenderá inmediatamente, según ha podido saber ABC de fuentes gubernamentales.

Puigdemont se ha cansado de esperar en Bélgica. Desde que se fugó de España solo aparece para los catalanes a través de internet y los medios de comunicación afines al secesionismo. El lunes acudirá a la Universidad de Copenhague, para participar en un debate sobre Cataluña y Europa, invitado por el departamento de Ciencias Políticas.

Este movimiento, su salida de Bélgica, podría suponer la reactivación de la euroorden (orden detención europea) por parte del juez del Supremo Pablo Llarena , aunque fuentes del Alto Tribunal no creen que el instructor de la causa por rebelión mueva ficha. Los argumentos que esgrimió en aquel auto del pasado 5 de diciembre son plenamente válidos para este caso también, apuntan esas fuentes.

En esa resolución, el instructor explicaba que la investigación se basa en un delito de «naturaleza plurisubjetiva» dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias. Si un país denegara parcialmente la ejecución de la orden de detención (solicitada en su momento por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por rebelión, sedición y malversación) se dificultaría una respuesta homogénea para los investigados que sí están a disposición de la justicia española.

En el caso de Dinamarca se da, además, la circunstancia de que el delito de rebelión no está tipificado como tal desde 1952, según explicaron a ABC fuentes jurídicas. Sí hay un tipo penal similar, que es el delito contra la independencia o seguridad del Estado con violencia (artículo 98 del Código Penal danés).

Las circunstancias serían por tanto similares a las que se dieron en Bélgica -aunque el procedimiento de la euroorden danés es más parecido al español-: la entrega no estaría garantizada si el delito por el que se reclama no figura en la lista de la treintena de delitos para los que la euroorden establece una entrega casi automática.

Con la causa judicial abierta en España y la orden de detención activa en territorio nacional, en el Tribunal Supremo no se prevé otro desembarco de Puigdemont en España que no sea ante el juez del Tribunal Supremo, es decir, detenido. Y fuentes del entorno del expresidente autonómico aseguran que es plenamente consciente de ello; de ahí que no tenga intención de venir a España ni a corto ni a medio plazo.

Así, este movimiento de Puigdemont se inscribiría con un triple objetivo. El ya referido en relación a los aspectos jurídicos, y los que hacen referencia a su situación legal en Bélgica y a seguir engordando el victimismo de cara al futuro inmediato.

En cuanto a su situación de residencia en Bélgica, que es legal, cabe recordar que Puigdemont tiene de plazo hasta finales de mes para comunicar a las autoridades locales que pasa a ser residente en el país, por lo que si puede alegar que ha salido del país antes de final de mes, podría evitar tener que declararse residente en Bélgica.

Además, el debate en el que participará en Copenhague servirá a Puigdemont, igualmente, para defender su proyecto, contra viento y marea. Políticamente, mueve ficha.

El líder de Junts per Catalunya (JpC) no está dispuesto a ceder ante ERC -que ve con recelos a Puigdemont-, ni quiere que su grupo -muy heterogéneo- sufra fisuras de cara a la posibilidad de que se mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución, al no haber un nuevo gobierno catalán.