Pruebas, no chismes

Hay una explicación. El origen de las investigaciones al patriarca de la familia y a su primogénito estuvo marcado por la inconsistencia. Documentos policiales bastardos, sin autoría reconocida; filtraciones interesadas a algunos medios de comunicación con escasa o nula base probatoria, o testimonios que pueden ser contundentes pero que sin respaldo documental pierden eficacia, fueron las bases endebles de un caso que ahora hay que apuntalar. Incluso antes de verano la Policía presentó en el juzgado un informe sobre un «pendrive» cuyo origen no estaba acreditado. No se introdujo en la causa, porque habría quedado contaminada.

Tampoco ayudó al avance de las pesquisas la dispersión de investigaciones por distintos juzgados, de la Audiencia Nacional y de Barcelona, de modo que era imposible tener una visión de conjunto. Esta situación acabó porque la Fiscalía pidió la acumulación de todas ellas para que las instruyera uno solo.

En el caso de Oleguer Pujol el origen fue diametralmente distinto: esta vez la Policía obtuvo suficientes indicios del delito y luego se intervino abundante documentación. A partir de ella se ha avanzado poco a poco, pero de forma segura, con comisiones rogatorias a Andorra y Holanda e informes basados prácticamente solo en los datos disponibles y confirmados. Así se ha llegado a la conclusión de que Oleguer Pujol ha seguido con sus actividades y de ahí que el fiscal pudiera pedir al juez su ingreso en prisión.

Es verdad que, como denunció ABC el pasado martes, en 17 meses la Fiscalía no había pedido una medida como la de ayer, lo que ha creado en la opinión pública la sensación de que los Pujol gozaban de una cierta impunidad. Pero también lo es que Anticorrupción solo puede tomar decisiones con pruebas en la mano y no movida por chismes. Más aún si afectan a la libertad de una persona.