Interior prepara el cambio de normativa del nivel de alertas terroristas

Aunque los trabajos, dirigidos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, están aún en sus primeras fases, parece haber una idea de fondo según la cual hay que introducir en la normativa parámetros objetivos y medibles para que la decisión de fijar un determinado nivel de alerta se haga con criterios profesionales, según las fuentes consultadas por ABC.

Tras la matanza de París el Gobierno fijó la alerta antiterrorista en un nivel 3 de baja intensidad, y se explicó que se tomaba esa decisión a pesar de que no se había detectado una amenaza nueva en España, algo que en principio resulta paradójico. Asimismo, se dijo que se trataba de una medida transitoria, lo que de nuevo puede parecer sorprendente si se tiene en cuenta que la amenaza de este tipo de terrorismo es permanente. Según todos los expertos consultados por ABC, lo que en realidad se hizo fue tomar una medida para aumentar la «seguridad subjetiva» entre los ciudadanos en unos momentos de gran sensibilidad social.

Sin embargo, la razón por la cual el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz decidió encargar estos trabajos nada tiene que ver con la matanza terrorista de París. De hecho, se remonta a meses atrás, en concreto a junio a raíz del dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la abdicación del Rey Juan Carlos y la proclamación de su hijo, Felipe VI.

Esa operación fue un éxito policial en todos los sentidos y así ha sido reconocido de forma unánime, pero al haberse decretado en aquella ocasión el nivel 3 de alerta, con intensidad alta, se produjeron algunas anomalías en el funcionamiento de determinadas infraestructuras en lugares muy alejados de Madrid, la zona crítica de aquellos acontecimientos.

Los responsables de la seguridad del Estado entendieron entonces que había que diseñar una herramienta más eficaz y flexible, en el que los informes que presentan los distintos Cuerpos con la información a su alcance, y que en la actualidad son la base de la toma de decisiones en este ámbito, dieran paso a un modelo en el que se priorizara la medición de parámetros objetivos y ponderables de la amenaza en cuestión. Además, esos índices se evalúan cada cierto tiempo por si hay que adoptar nuevas medidas, ya sea para intensificar la vigilancia o, por el contrario, para rebajarla.

Dicho en términos más gráficos, para decretar un determinado nivel de alerta hay que tener en cuenta la existencia de una amenaza, pero también si la organización que la hace tiene capacidad para atacar, si cuenta con armas suficientes para ello, su implantación en España o, incluso, si el peligro de atentado es el mismo en todo el territorio nacional. Se trata, en definitiva, de sacar el máximo rendimiento a los medios con los que se cuenta, ya que los despliegues que llevan aparejados la puesta en funcionamiento de los estados de alerta antiterrorista más altas tienen un elevado coste económico y también de medios.

Esta pequeña «revolución» en la forma de trabajar las alertas antiterroristas ya se viene empleando en otras áreas de investigación o en inteligencia financiera, por lo que su eficacia está suficientemente probada. Cuenta además con la ventaja indudable de que el responsable político de turno, en este caso el secretario de Estado de Seguridad, tiene sobre la mesa datos objetivos que, según criterios estrictamente profesionales, aconsejan la adopción de determinadas decisiones. El error en la evaluación del riesgo, como es lógico, siempre es posible, pero el margen para que se produzca es menor al partirse de una metodología bien afinada.

En esta nueva filosofía del Plan de Prevención y Alerta Antiterrorista se quiere incluir todo tipo de amenazas y jugaría un papel especial, además de la Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), diseñado para hacer frente a los cada vez mayores retos de ciberseguridad a los que nos enfrentamos.

Asimismo, según las fuentes consultadas por ABC, no es descartable la incorporación de los informes de evaluación de la amenaza de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza destinados al organismo que se diseñe para tasar la amenaza terrorista, ya que en sus distintos ámbitos competenciales tienen que afrontar riesgos de ataques específicos y, además, entre sus misiones está la de de proteger las infraestructuras críticas que hay en sus demarcaciones.

La reforma en su conjunto, en caso de que finalmente se lleve a cabo y se opte por la opción más ambiciosa, podría estar diseñada el primer semestre de este año, una vez que los distintos estamentos que participan en los trabajos hagan sus aportaciones.

En estos momentos en España hay cuatro niveles de alerta, que va desde el 1 -no hay amenazas que exijan medidas potenciales-, hasta el 4, considerada ya como una situación de emergencia. En el nivel 3, en el que nos encontramos actualmente, hay «un riesgo altamente probable de atentado terrorista».