Otra reforma del Estado, pactada, frente al mantra del «derecho a decidir»

Hay que encontrar la piedra filosofal sin rozar un milímetro la Constitución de 1978 y la legalidad democrática. Aunque el último frente sea la ley de consultas de Mas ; el siguiente, la Diada del 11 de septiembre; y la ulterior, la convocatoria de un referéndum ilegal el 9 de noviembre, lo importante es trabajar las soluciones a medio y largo plazo. Y en eso está el Gobierno de la nación.

Alguna de esas opciones se la ha puesto sobre la mesa a Rajoy el empresariado catalán, que ofrece una «tercera vía», a medio camino entre las exigencias inasumibles de CiU y Esquerra y la firmeza del Gobierno, tomando prestado el concepto acuñado por Duran i Lleida, socio de Mas hoy caído en desgracia. Una respuesta que evite la ruptura que llevaría a los catalanes al abismo y satisfaga el victimismo nacionalista que ha calado durante años en algunos sectores de Cataluña sin un discurso político alternativo.

Pero, hasta ahora, la patronal que preside Joaquim Gay de Montellà se ha limitado a enviar a La Moncloa la música, solo la partitura. Falta la letra jurídico-política que traduzca a la legalidad aspiraciones independentistas que vulneran la Constitución de 1978. Por eso, expertos y miembros del Consejo de Estado han trabajado en dos opciones que guarda a buen recaudo el presidente y que están siendo sometidas a un estudio legal.

La primera, elaborada por Miguel Herrero de Miñón, miembro de la Comisión Permanente del Consejo, supondría un cambio sustancial de la Carta Magna: la inclusión de una disposición adicional, similar a la que ya «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». Esto es, País Vasco y Navarra. Este planteamiento es el que cuenta con menos defensores en La Moncloa por su impacto en la médula constitucional y por que sería imposible de sostener financieramente. Sin embargo, hay una segunda propuesta que, según ha sabido ABC, se estudia con más detenimiento en vísperas de la visita a La Moncloa de Artur Mas. Ese documento aborda una revisión de algunos aspectos del Estatuto catalán que promovió Rodríguez Zapatero en 2006 y que tuvo que ser desmontado parcialmente por el Tribunal Constitucional, que invalidó 14 artículos.

La alternativa que se contempla no afectaría a principios intocables que fueron consagrados por el TC, como el de la soberanía nacional (el fallo dejó sentado que «la Constitución no conoce otra que la nación española»), pero apostaría por recuperar aquellos enunciados no estructurales que fueron modificados o reinterpretados en la sentencia de julio de 2006 que, a juicio de algunos nacionalistas, «despertó a la fiera». La reforma, cuyo procedimiento está previsto en el propio Estatuto (según el artículo 147 de la Constitución), requiere «la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica» e incluye la convocatoria de un referéndum en Cataluña, tal y como se hizo hace ocho años por la Generalitat que dirigía entonces Pasqual Maragall, con el apoyo de Zapatero.

Por tanto, enfatizan sus promotores, «depositaría en el Parlamento de la nación la prerrogativa intransferible de ratificar la Ley Orgánica. Y solo si obtuviera ese respaldo por mayoría de las Cámaras, sería sometida a referéndum del electorado catalán». Es decir, primero sería consultada la soberanía nacional, residenciada en las Cortes Generales, premisa que en ninguna de las otras opciones barajadas queda garantizada. Por no hablar de la aventura soberanista de Mas que directamente la pulveriza. «El Estado ejercería así un acto de soberanía en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Carta Magna», en palabras de un constitucionalista. Además, políticamente, se podría desmontar la obsesión «decisionista», todo un mantra alumbrado por la amplia gama del soberanismo.

Aunque el Pleno del Consejo de Estado no ha debatido esta propuesta, algunos de los miembros de su Permanente, que preside José Manuel Romay Beccaría, persona muy vinculada al jefe del Ejecutivo, sí defienden este instrumento jurídico que «tendría rigor legal», según las mismas fuentes. Entre los artículos que fueron desautorizados por el TC y que se podrían reformular sin incumplir el mandato del alto tribunal estarían, a juicio de los responsables del documento, los relativos a la lengua y la cultura, las competencias de la Generalitat en materia económica y la capacidad legislativa para regular los tributos propios y la organización de los gobiernos locales.

Esta propuesta evitaría una reforma de la Constitución a la que el Gobierno se ha negado, si bien requeriría que Mas renunciara a una consulta ilegal y a sus pretensiones de romper con el resto de España . Un presupuesto que parece difícil, a juzgar por la estrategia que sigue practicando el líder de CiU de tensar y destensar la cuerda, cuya última expresión consiste en «querer pactar con Rajoy la fecha [hasta hoy fijada para el 9 de noviembre] y la pregunta de la consulta», en palabras del propio Mas. Opción que el Gobierno, como es obvio, rechaza de plano.

Rajoy no ha tomado todavía una determinación. El proceso de cambio en el PSOE ha alterado sus planes, consensuados hasta hace unas semanas con el líder saliente, Pérez Rubalcaba. La insistencia del secretario socialista electo, Pedro Sánchez, en una reforma federal de la Constitución abre una grieta en el frente constitucional en el que nunca desmayó su antecesor en Ferraz, por mucho que coqueteara con la opción federal. «El presidente -asegura un ministro- está preocupado porque ahora se siente más solo y quiere aportar soluciones, siempre sobre la base de la legalidad». Y es que Rajoy sabe que el «callejón sin salida» al que ha llevado CiU y ERC a la sociedad catalana requiere de una solución «perfectamente legal», según las fuentes consultadas por ABC, pero que desactive con contundencia el pretexto de que «el Gobierno central no deja hablar a los catalanes». El planteamiento de un nuevo Estatuto anularía esa excusa política, convertida de facto en la justificación que usa el Gobierno de Mas para vulnerar la ley.

Uno de los últimos en tomar la temperatura a Rajoy sobre Cataluña ha sido Josep Ramón Bosch, que, consultado por el proyecto de reforma del Estatuto, ha declarado a ABC que «podría ser una buena solución, pero luego habría que manejar la frustración de una parte de la población por haberle prometido una Arcadia feliz que no existía». Cree el responsable de este colectivo que para ese fin «ha de hacerse pedagogía en Cataluña de que España no debe romperse, y también en el resto de España hay que contar lo que significa Cataluña».

El presidente de Sociedad Civil Catalana ha manifestado a ABC su convencimiento de que «no se va a celebrar la farsa de la consulta, pero que, una vez que eso se revoque, para lo que el presidente del Gobierno tiene instrumentos, habrá que sentarse a buscar una solución al desencuentro, hablando de asuntos como la deuda de 60.000 millones de euros, del Fondo de Liquidez Autonómica y otros aspectos sobre los que todos nos podemos entender para que empecemos a preocuparnos por lo que a todos nos importa y no por esta farsa».