El PP fue el primero en denunciar la inconstitucionalidad del texto por entender que se trata de "una Constitución paralela"
Los siete recursos contra el Estatuto catalán
El referéndum catalán que aprobó el Estatuto se celebró en junio de 2006. Al mes siguiente el PP presentó el primer recurso. / Archivo
El 31 de julio de 2006 el Partido Popular fue el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad por entender que se trata de "una Constitución paralela". Impugna diversos apartados de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del estatuto, que, en opinión de los populares, "quiebra los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna". El 28 de septiembre de ese año el Tribunal comunicó la admisión a trámite del recurso. La ponente es la magistrada Elisa Pérez Vera.
A la vuelta del parón vareniego, el 19 de septiembre, el Defensor del Pueblo presentó un recurso contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, referido a siete aspectos: derechos y deberes, lengua, competencias, justicia, Sindic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos y carácter nacional. El 11 de octubre se hizo pública la admisión a trámite del recurso.
En noviembre, el Parlamento catalán y la Generalitat solicitaron la acumulación de los recursos presentados en cuanto a su tramitación y decisión final, que más tarde fue ampliada a los otros recursos interpuestos por algunas autonomías. El 28 de mayo de 2007 el TC rechazó acumular en uno todos los procesos. El recurso del Defensor del Pueblo dio lugar a una iniciativa parlamentaria de IU-ICV de reprobación y cese de Enrique Múgica, que fue rechazada en febrero de 2007. El ponente de este recurso es Pascual Sala Sánchez.
El 25 de septiembre el Gobierno de Murcia recurrió varios aspectos del artículo 117 del Estatuto, relativo al agua y las obras hidráulicas. Murcia rechaza que se otorguen a la Generalitat plenos poderes para fijar el caudal ecológico del río Ebro que discurre por nueve comunidades autónomas. El TC admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.
Dos semanas después, el 11 de octubre, el Gobierno de La Rioja interpuso un recurso contra doce artículos, siete disposiciones adicionales y una final, relacionados con la gestión del agua, denominaciones de origen supracomunitarias, sistema de financiación, y el principio de bilateralidad en las relaciones Estado-Generalitat. El tribunal admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.
Pugna por el Archivo de la Corona de Aragón
A este le siguieron dos el mismo día. El 19 de octubre, el Gobierno de Aragón, que recurrió una disposición adicional, referente al Archivo de la Corona de Aragón. El Gobierno aragonés, única comunidad gobernada por el PSOE que ha recurrido el texto catalán, entiende que el Archivo de la Corona de Aragón -ubicado en Barcelona- es un ente indivisible que debe ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas -Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia- y el Gobierno central y que la regulación del estatuto catalán modifica las competencias del aragonés en esa materia. El 14 de noviembre el TC hizo pública la admisión a trámite del recurso.
La Generalitat Valenciana siguió los pasos del Ejecutivo aragonés y decidió recurrir aspectos relativos al Archivo de la Corona y los recursos hídricos, así como el modelo de financiación incorporado al Estatuto por entender que "atenta" contra la solidaridad entre autonomías. Como en los casos anterior, el TC también lo admitió a trámite y así lo comunicó el 14 de noviembre.
Finalmente, un día después, el 20 de octubre, el Ejecutivo balear también presentó su recurso por considerar que el Estatuto contraviene la Constitución en lo referente al Archivo de la Corona de Aragón. Denuncia que "se apropia indebidamente" de este Archivo sobre el que los ciudadanos de las islas tienen "unos derechos históricos irrenunciables". Como en el caso del recurso valenciano, el TC comunicó su admisión el 14 de noviembre.
Antes de la aprobación del Estatuto, el 2 de noviembre de 2005, el PP interpuso un recurso de amparo ante el TC contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar el texto como una reforma estatutaria, al entender que el procedimiento acordado suponía un "fraude constitucional", ya que se producía un cambio en la Constitución. Pero el 15 de marzo de 2006 el Tribunal notificó que no lo admitía a trámite.

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