La banda de los buscavidas

A finales de marzo, los agentes de Delincuencia Económica echaban el resto para desmantelar una compleja red dedicada a adulterar hidrocarburos. Tenían centenares de teléfonos pinchados, seguimientos y más de cien objetivos. Uno de ellos, un segundón, hablaba con asiduidad con una mujer de Fuenlabrada. Ella le contó el plan: un amigo suyo, con el que había mantenido una relación especial, conocía a un ricachón de Béjar (Salamanca), un empresario dedicado a las estructuras metálicas y que tenía un secadero de jamones propio. Su amigo, de ese mismo pueblo, le había hecho trabajos de seguridad en la casa y sabía que tenía cajas fuertes y mucho dinero. Podía ser un negocio interesante y fácil: conseguir que les diera las claves y sacarle un dineral.

Los agentes que perseguían a los defraudadores de hidrocarburos dejaron su objetivo en segundo plano y cedieron el testigo a sus compañeros del Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa. Fue el comienzo de la operación Santos. Averiguaron que la mujer trabajaba para la ONG Alimentos Solidarios Fata Donaciones Benéficas, situada en Humanes (Madrid) y que reparte miles de alimentos a necesitados. Sus conversaciones con el empleado de una empresa de seguridad de Béjar eran continuos y este contaba con información privilegiada sobre la casa del empresario, sus horarios, sus viajes, su familia...

El tipo proporcionaría todos los datos a cambio de una parte de las ganancias, sin intervenir directamente. La mujer y su contacto inicial se encargarían de buscar a la gente idónea . Las primeras reuniones en abril ya estuvieron controladas por la Guardia Civil. Gasolineras, parques públicos, plazas... ahí fueron apareciendo los demás protagonistas: un agente municipal destinado en el distrito de Tetuán, un patrullero de noche al que le tenían ganas en su casa.

Asuntos Internos sospechaba que pasaba matrículas de coches a delincuentes y se quedaba con parte de las incautaciones nocturnas. Pero no habían podido probarlo. En sus patrullas se había echado un amiguete de Yeles (Toledo), el conductor de uno de los camiones de la basura de ese distrito al que sumó al plan. Aún faltaba uno más: un individuo de Chinchón, sin oficio conocido, que ansiaba dinero rápido como el resto. Él compraría un coche a nombre de otro para asegurarse la vuelta a Madrid.

«El jefe era el policía, el que más quebraderos de cabeza nos ha dado. Sabía cómo moverse entre delincuentes», explica uno de los investigadores de Secuestros. El agente estaba acuciado por deudas. Su novia, azafata y ajena a los planes, y él comparten casa en una zona residencial de Boadilla del Monte (Madrid). Fue él quien empezó a buscar a una banda profesional de delincuentes para subcontratarlos y que llevaran a cabo el secuestro bajo su supervisión. Primero contactó con un grupo de Illescas, pero no le convencieron. La organización idónea la encontró a través de confidentes de Usera: un grupo de butroneros, expertos en lanza térmica, conocidos de Policía y Guardia Civil.

«Si tenemos que coger a la mujer, la inflamos a hostias y ya está. Seguro que canta». Los agentes del Grupo de Secuestros y Extorsiones de la UCO escuchaban con creciente inquietud a los sospechosos a través de los teléfonos intervenidos. Los más bregados, como el policía municipal, no hablaban jamás si no era en persona, pero alguno tenía cierta incontinencia.

A través de esas conversaciones y de las vigilancias, los investigadores supieron que iban a emplear armas, que estaban dispuestos a llegar hasta donde hiciera falta, que aspiraban a lograr un millón de euros aproximadamente, y que los ejecutores, el grupo de butroneros, se quedarían en torno a un 70 por ciento del botín obtenido, mientras que el resto se repartiría entre los demás . El policía y sus amigos buscavidas no acaban de fiarse, de ahí que al menos tres de ellos iban a estar también en Béjar el día «D».

La semana pasada cerraron las vigilancias a la familia y acordaron el plan sobre el terreno. A partir de ese momento, la Guardia Civil sabía que el secuestro era inminente. Por eso, toda la familia estaba protegida por los agentes. Los delincuentes iban a elegir a uno u otro objetivo sobre la marcha. Los encerrarían en su casa y allí los retendrían hasta obtener el botín. El lunes pasado, los investigadores fueron a por ellos: seis detenidos y un imputado (el de los hidrocarburos). Se les intervinieron dos armas de fuego y anotaciones con todos los datos de las víctimas . La empleada de la ONG no paró de llorar ante el juez. «Usted tiene hijos, ¿cómo iba a participar en algo así?», le preguntó. «No puedo contestar, señoría». Ninguno lo hizo. El agente dijo que no sabía de qué le hablaban. Asuntos Internos sí lo sabe. Todos quedaron en libertad.