La Audiencia Nacional rechaza la querella de CC.OO. contra el marido de Cospedal
El juez Ismael Moreno dicta un auto en el que señala que no es competente, siguiendo el criterio de la Fiscalía
S. E.
La Audiencia Nacional no investigará al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, al rechazar la querella presentada por Comisiones Obreras relacionada con los pagos que recibió por servicios de ... asesoramiento. Igualmente, tampoco actuará contra tres consejeros de Liberbank que se acogieron al Expediente de Regulación de Empleo, pero percibieron retribuciones como miembros del Consejo de Administración.
El juez Ismael Moreno ha dictado hoy un auto en el que señala que no es competente para investigar la citada querella, dirigida contra los exdirectivos de Cajastur Felipe Fernández, María Encarnación Paredes y Jesús María Alcalde Barrio, así como contra López del Hierro, el presidente y consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez; el ex secretario de Estado de Energía Fernando Martí y su mujer María Jesús Solano.
La decisión la ha adoptado el juez Moreno a instancias de la Fiscalía, que el pasado 16 de mayo se opuso a la admisión a trámite de la querella por estimar que este tribunal no es competente para conocerla.
Documentación insuficiente
El juez considera que no se ha aportado documentación suficiente que acredite que el paro cobrado por los exdirectivos supera los 120.00 euros exigidos por la ley. El sindicato acusaba a los exconsejeros de defraudar presuntamente a Hacienda al beneficiarse de exenciones fiscales y cobrar el paro (hasta 9.606,52 euros en 2013) al continuar vinculados con la entidad a pese de estar incluidos en un ERE.
La denuncia de Comisiones Obreras contra el marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal , y propietario de Hilo de Inversiones, se refería a pagos realizados por Liberbank «sin aparente contraprestación de servicios».
El sindicato sostenía que López del Hierro cobró siete mil euros mensuales en 2013 por esos servicios, pero el juez asegura que no constan «elementos mínimamente acreditativos o indiciarios de la realidad de tales afirmaciones».
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