La Junta quiere despedir a las funcionarias de caso Malaya pese al trabajo pendiente
El presidente del Tribunal envía una escrito a la jefa de personal de la Audiencia en el que le explica la ingente labor que queda aún por realizar, como celebrar 17 juicios
Después de que el pasado 4 de octubre se conocieran las penas impuestas a los 95 procesados en «Malaya» , el interés de la opinión pública por el caso se ha ido diluyendo progresivamente, al igual que el de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Tanto es así, que su intención es la de no renovar a final de año el contrato de las dos funcionarias interinas que vienen realizando el grueso del trabajo de tramitación y auxilio.
Cuando en el año 2010 el procedimiento pasó de los juzgados de Marbella a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga y debido a su colosal envergadura, se decidió crear una «subsección» con una plantilla de refuerzo formada inicialmente por tres trabajadoras, aunque una de ellas cesó tras la redacción de la sentencia.
Las dos empleadas restantes, Flora y Remedios, que han preferido no hacer declaraciones a este periódico , han demostrado a lo largo de los últimos cuatro años su compromiso con esta causa, puesto que han sido las encargadas directas de gestionar el millón de folios de que consta, entre despachos, oficios, autos, providencias, resoluciones o exhortos, en muchas ocasiones echando multitud de horas extra, no todas cuantificables.
«Hay días que han estado hasta las once de la noche trabajando , cuando el sistema de fichaje de la Junta llega hasta las siete», afirmó el portavoz en Andalucía del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Juan Antonio Luque León, quien añadió que sólo este año «tienen un superhábit de 50 horas, aunque son muchas más».
Por su parte, la Delegación de Justicia las ha recompensado a lo largo de este tiempo prorrogando su contrato de forma mensual y en contadas ocasiones a tres meses vista, hasta el punto de que «se les comunica el día antes de expirar si van a renovar o no». Actualmente no saben si en enero volverán al tajo, aunque todo apunta a que una de las dos no seguirá en su puesto.
Todo ello choca con la «autocomplacencia» mostrada por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera Suárez-Bárcena, que días antes de que se conociera la sentencia proclamó a los cuatro vientos que la Junta había realizado un desembolso de 621.000 euros para garantizar el buen desarrollo del juicio. De ese dinero, sin embargo, poco se ha destinado a medios humanos y mucho a parafernalia y boato tecnológico.
Petición del presidente de la Sala
La percepción general es que tras la lectura del fallo y el cierre del periodo de presentación de recursos, la labor de ambas funcionarias ha concluido prácticamente, pero la realidad es que «queda mucho trabajado por hacer», según indicó el presidente del Tribunal y de la Sección Primera, José Godino, en una carta a la jefa de personal de la Audiencia fechada el 28 de octubre.
En el escrito, señaló que queda pendiente foliar y escanear 150.000 de las 200.000 hojas del Rollo de Sala, correspondientes a las piezas de situación personal y responsabilidad civil de los 95 procesados; levantar los embargos sobre los 43 absueltos; celebrar 17 juicios por cada una de las tercerías de dominio , con sus correspondientes citaciones, exhortos, vista y auto posterior; y realizar cuatro comisiones rogatorias provenientes de Alemania y Suiza.
STAJ pide a Justicia que realice las contrataciones de interinos Además, la unidad de «Malaya» debe presentar en estos días ante el Tribunal Supremo la información detallada de los 39 recursos anunciados por las defensas, además atender las constantes peticiones de documentación de los abogados y los exhortos en relación a causas abiertas en otros juzgados españoles contra alguno de los condenados.
Se trata de una labor desmesurada por la que el presidente de la Sala pide que las dos funcionarias «permanezcan en sus puestos de trabajo», ya que en caso contrario toda la carga recaería sobre la Sección Primera que preside, que al ser la más antigua de la Audiencia malagueña «está sobrecargada».
Más allá del ámbito personal, el responsable de STAJ consideró que « Malaya es imposible que funcione sin estas dos trabajadoras, porque ellas son las que conocen el procedimiento desde el folio uno al folio un millón», mientra que cualquier otro funcionario «no tiene ni puñetera idea».
Además, Juan Antonio Luque explicó que el procedimiento no ha acabado con la sentencia, puesto que la ejecución de las penas, no sólo de privación de libertad, sino los embargos, la subasta de bienes, la liquidación de sociedades, etc. «requerirá de diez o quince años más».
Por todo ello, desde STAJ han solicitado al Gobierno andaluz que realice las renovaciones de interinos a más largo plazo y que en vez de eliminar los refuerzos como es «la actual tendencia», cubran las plazas con personal titular en aquellos procedimientos de especial relevancia. «Más especial que el caso 'Malaya' no hay ninguno en toda España», justificó Luque.
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