Torres pide menos fianza por ser solo «partícipe» del fraude, no autor

En su escrito, la defensa de Torres niega «con absoluta rotundidad» que los hechos que se imputan a su patrocinado sean constitutivos de infracción penal alguna, si bien precisa que, de serlo, deberían serle atribuidos «a título de partícipe», condición con la que vería reducidas tanto su responsabilidad penal o criminal en el marco de estas pesquisas, así como la civil o económica que se derivase de las mismas.

El letrado de Torres asevera de este modo, amparándose en el artículo 116 del Código Penal, que el régimen de prioridades establecidas en este precepto a la hora de reclamar responsabilidades pecuniarias a los imputados otorga a su defendido una condición «subsidiaria» frente a la de los posibles autores de los hechos, en referencia velada a Urdangarín, de modo que debería ser éste quien de forma principal hiciera frente a la fianza impuesta por el juez.

Y es que el encausado expresa su disconformidad con la fianza decretada en su día por el magistrado, que ascendía a un total de 8,2 millones de euros, posteriormente reducidos a 6,1 millones tras ser descontado el IVA, al insistir que los hechos «carecen de relevancia penal, al menos en lo que alcanza a mis representados», en alusión a Torres y a su mujer, Ana María Tejeiro.

Precisamente, con motivo del impago de esta caución , el juez Castro acordó a principios de este mes el embargo de la mitad indivisa de siete inmuebles ubicados en Sant Cugat del Vallés, Mataró, Mahón y Palma, inscritas tanto a nombre de Torres como de varias empresas investigadas en la trama (Intuit Strategy Innovation, Virtual Strategies, Shiriaimasu y Nóos Consultoría Estratégica).

Junto a estas propiedades, el magistrado decretó el embargo de la mitad de la casa de Pedralbes , propiedad al 50% de la Infanta Doña Cristina y Urdangarín, así como de otras tres viviendas, dos trasteros y dos garajes situados en Palma y Tarrasa, e inscritos a nombre de la mercantil Aizoon, titularidad también de los Duques e investigada por haber servido para presuntamente blanquear fondos y defraudar a Hacienda.

La incautación de todos estos inmuebles permite de este modo cubrir la caución reclamada por el juez , de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Tanto Urdangarín como Torres recurrieron el auto mediante el que fue decretada la fianza.