El TC cierra la última puerta a Rafael Vera

En su resolución, el TC rechaza de plano el incidente de nulidad de actuaciones presentado el pasado 31 de julio por Vera, quien se quiso sumar a la estrategia de desestabilización de la institución (en la que han participado también Otegi o Garzón) alegando que si hubiera conocido antes la militancia en el PP del presidente del Constitucional Francisco Pérez de los Cobos habría promovido su recusación alegando su interés directo o indirecto en la causa.

Los magistrados rechazan la pretensión de Vera tanto por «razones procesales como de fondo» , ya que asegura que en los procesos como el recurrido, ya concluido, «resulta inviable, con carácter general, cualquier petición de revisión o nulidad, puesto que una vez que ha devenido firme la resolución que puso fin al correspondiente proceso, ni siquiera este Tribunal puede dejarla sin efecto». En este sentido, expone que la ley orgánica del TC «no contempla el incidente de nulidad de actuaciones entre los medios impugnatorios que pueden promoverse contra las resoluciones» del TC, resoluciones que «tienen valor de cosa juzgada» y contra las que «no cabe recurso alguno».

En cuanto a las razones de fondo, el Constitucional reitera que la Constitución no prohíbe a sus magistrados la afiliación a partidos políticos o sindicatos sino que tan solo establece que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es «incompatible con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos».

En 2011 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de amparo presentado por el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera contra la sentencia por la que fue condenado en 2002 a siete años de prisión en relación con el uso irregular de fondos reservados. En dicho sentencia, de la que fue ponente el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, el TC señaló que la interpretación de la legalidad en la causa contra Vera, realizada por distintos órganos jurisdiccionales, era «razonable y no arbitraria ni patentemente errónea», y que no se produjo indefensión como alegaba el acusado.