Un magistrado progresista del TC reconoce su colaboración con el Gobierno socialista

«Soy un hombre que viene trabajando desde hace muchísimos años con el Gobierno –más que con el Partido Socialista – y con UGT », admitió sin ambages, allá por 2010, el hoy magistrado del Tribunal Constitucional , Fernando Valdés Dal-Re . Aquel 13 de septiembre se dirigía a un reducido aforo congregado en Oviedo por la Fundación Asturias para impartir una conferencia, «La ley de la Reforma Laboral », sobre los nuevos cambios introducidos por el Ejecutivo socialista en el mercado de trabajo. No fue tan locuaz, sin embargo, cuando menos de dos años después, en julio de 2012, fue propuesto a instancias del PSOE –previo pacto con el PP – para convertirse en juez del Constitucional. Entonces, optó por no informar de su intensa relación con el PSOE y UGT al Congreso , que debía ratificar su nombramiento. «Él no informó y nadie se lo preguntó», explicaban ayer fuentes parlamentarias, cuando el presidente del TC , Francisco Pérez de los Cobos , sigue en el centro de la polémica por no desvelar su militancia en el Partido Popular entre 2008 y 2011.

Ni una palabra

En una práctica que empieza a parecer común, el currículum vitae que Valdés envió a los portavoces parlamentarios y estos remitieron a la Mesa del Congreso el 2 de julio de ese año, detalla más de cuarenta cargos ejercidos entre labores de letrado, asesor, ponente, experto o profesor –en algunos casos por unas horas– indicando el organismo para el que trabajó y en la mayoría de las ocasiones también la fecha. Sin embargo, no incluye referencia alguna a su extensa colaboración con el Gobierno socialista o con UGT. En ese momento, era vox pópuli que había participado en la coordinación del área laboral del programa con el que José Luis Rodríguez Zapatero acudió y ganó las elecciones de 2004. Un encargo concreto, con fecha determinada. Pero Valdés prefirió no darlo a conocer a sus señorías.

No fue más allá el 9 de julio cuando compareció ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso. «Me limitaré a mencionar lo que, me atrevo a definir, han sido algunas constantes o tal vez resultantes de esa trayectoria profesional», arrancó. Pero los «muchísimos años» de trabajo junto al PSOE tampoco salieron a relucir. Lo más cercano, esta genérica afirmación en la que refiere su colaboración sin dar nombres: «Mi función como inspector de trabajo la he procurado lograr y poner en práctica de muy diversas formas que pueden resumirse en una, actuando como experto allí donde agentes sociales, empresas o administraciones solicitaban mi expertise. Mis nombramientos en 1986 como director general del Servicio Jurídico del Estado, hoy Abogacía del Estado, o como experto en el Consejo Económico y Social responden a esta segunda vertiente profesional».

Respaldo a la huelga

Ocupar el cargo de magistrado tampoco le ha impedido dejar a un lado su activismo en contra de la flexibilización del mercado laboral. En una faceta ya conocida, apoyó la huelga general convocada el año pasado por los sindicatos contra la reforma laboral de l Gobierno de Rajoy , y participó en el acto reivindicativo «Quieren acabar con todo», con personalidades del espectáculo. También ha publicado críticos artículos hacia la reforma laboral, el último el pasado 1 de marzo en «El País» junto con el economista Ignacio Pérez Infante y Santos Ruesga .

No obstante, y frente a la polémica que el TC vuelve a generar estos días, Valdés defiende el papel de este organismo. «Creo que colocar al TC en debates partidistas no es una buena práctica política», recalcó el año pasado ante el Parlamento. Tan sólo unos instantes antes, había sostenido que este Tribunal es «un órgano político que utiliza recursos y argumentos estrictamente constitucionales. Desacreditar o descalificar a quienes piensan que el TC en España es un órgano político me parece desacertado; cuestión distinta es si, a renglón seguido, se dice que la argumentación, el discurso del TC es político en lugar de político-constitucional». Ese sería, en efecto, el gran debate.