La Defensora del Pueblo reclama reformas para «restaurar la confianza en las instituciones»

El número de quejas recibidas por el Defensor fueron 33.478 (19.142 individuales y 14.335 agrupadas) -21.420 en el año 2011-, y la institución realizó 371 investigaciones de oficio -506 en el año anterior-.

Las cifras se elevan en el registro de solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y amparo -246.743 en 2012, en 2011 hubo 2.455-, en el que se incluyen firmas de personas afectadas por la reforma sanitaria, la modificación de las retribuciones del personal al servicio del sector público y los cambios en la ley de dependencia.

Becerril ha reclamado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que adopte medidas complementarias que garanticen el «acceso efectivo» a la protección de la salud para los inmigrantes irregulares con enfermedades graves, que requieren un tratamiento adecuado.

Entre las cuestiones que más atención han recibido la Defensora, destaca el estudio de la constitucionalidad del real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece el copago en función de la renta, e incluye por primera vez a los pensionistas, y la retirada de la tarjeta sanitaria a los «sin papeles».

El informe recoge también un elevado número de quejas sobre los mecanismos establecidos en las comunidades autónomas para la devolución a los pensionistas de las aportaciones que realizan al adquirir medicamentos cuando excedan el tope mensual establecido (8 o 18 euros, según el nivel de renta).

La Defensora del Pueblo también ha mostrado su preocupación sobre el retraso en la sustitución del profesorado de baja, una práctica, según afirma, que ha sido usual en Castilla-La Mancha y, en menor medida, en las comunidades valenciana y madrileña, durante el año pasado y que puede ocasionar que los alumnos no reciban una atención educativa adecuada.

Ha reiterado la necesidad de conseguir «acuerdos mínimos» para la próxima reforma educativa y ha propuesto que se incluyan medidas financieras para que su puesta en marcha y su desarrollo estén garantizados a pesar de la crisis.

Asimismo, considera que hay una «masiva desatención» en relación al incumplimiento «reiterado» de la protección de los menores y jóvenes frente a determinados contenidos de los medios de comunicación y televisiones, y pide un «órgano de protección» de los usuarios.

«No se respetan los límites impuestos» para la protección de la juventud y de la infancia, señala la memoria. Opina que una respuesta «más efectiva» a este problema de «masiva desatención» de la normativa «únicamente» puede venir de la mano del establecimiento -«largamente reclamado»- por la Institución de un órgano de protección de los usuarios.

La Defensora estima también que las quejas admitidas sobre los retrasos en la valoración de las personas dependientes, así como en la determinación de las prestaciones «acreditan situaciones de demora objetivas».

Hasta la reforma de la ley de la dependencia, aprobada por el Gobierno el pasado 13 de julio, se habían recibido 118 quejas individuales y se encontraban en trámite otras 121 de años anteriores, mientras que 402 ciudadanos pidieron a la Defensora que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.