Los sindicatos reúnen a centenares de manifestantes contra las tasas judiciales

Francisco Lama, presidente del sector de Justicia de CSI-F, aseguró que la política del Gobierno supone la «privatización» de la Justicia y reclamó un cambio de la actual política para que «siga funcionando como hasta la fecha, como un servicio público». En su opinión, la consecuencia de la «imposición» de reformas legales llevada a cabo por el Ejecutivo es «que se está privando a los ciudadanos de derechos fundamentales, como es la tutela judicial efectiva».

Desde CC.OO., Javier Hernández advirtió que a su sindicato no le va a «temblar el pulso» si se llegara a ver necesaria la convocatoria de una huelga para hacer frente a una «política intolerable que no se ha producido jamás en la historia de España, engañando a la opinión pública». «Es una mentira absoluta. Se pretende que los ciudadanos paguen las tasas. Va a ser imposible acceder a la Administración de Justicia», aseveró. También se opuso a la reforma del Registro Civil que, en su opinión, supone convertir este servicio «en un negocio».

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Vicente Navarro, advirtió que las leyes de Gallardón «son muy restrictivas y si se limita la Justicia, se limita la democracia». Navarro advirtió que STAJ tampoco descarta nuevas movilizaciones ni «cualquier medida» que sirva para mostrar rechazo a las reformas del Gobierno del PP. «La única forma de agilizar la Justicia es modernizarla, y eso significa más medios. Parece que a los políticos no les interesa que se soluciones la Justicia», concluyó.