La crisis pone precio a la Justicia

La ley de tasas que el miércoles salió adelante en el Senado, aunque solo con los votos a favor del PP, acabará con toda probabilidad en el Tribunal Constitucional ya sea por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad (la que propugnan jueces o tribunales) o por el recurso de inconstitucionalidad, que podrían interponer en este caso 50 diputados o senadores, o el Defensor del Pueblo. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ya se lo ha pedido a Soledad Becerril.

Y es que uno de los aspectos que se cuestiona sobre las tasas, al margen del procedimiento de urgencia con el que se ha llevado a cabo su tramitación (en apenas dos meses), es su propia constitucionalidad. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y el resto de personal que trabaja al servicio de la Administración de Justicia llevan tiempo advirtiendo de que la imposición de tasas elevadas puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española. Por contra, el Gobierno sostiene que los ciudadanos que utilizan este servicio son los que tienen que acarrear con los gastos que de sus actuaciones se deriven y argumentan que el dinero que se recaude con estas tasas irá destinado a financiar la justicia gratuita.

Hasta este momento, las tasas judiciales afectaban solo a las personas jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa. La nueva ley de tasas se extiende ahora a las personas físicas y toca de lleno a las dos jurisdicciones citadas más la social (laboral), si bien en este caso trabajadores y autónomos tendrán que abonar «solo» un 60 por ciento de la cantidad estipulada. Quedan excluidos de este supuesto, por ejemplo, parados o pensionistas. En líneas generales, las tasas fijas oscilan entre los 100 euros de algunos procedimientos civiles y los 1.200 de un recurso ante la Sala Civil del Tribunal Supremo. Una reclamación de cantidad superior a 2.000 euros costaría, por ejemplo, 150. A las tasas fijas se suman otras variables de entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal, es decir, del interés económico del pleito.

Despidos laborales, caseros que se niegan a devolver la fianza, inquilinos que dejan de pagar la renta, negligencias médicas, ahorros invertidos en preferentes, disputas sobre una herencia, problemas con la expareja en el reparto de bienes... Lejos de los tecnicismos de las jurisdicciones son muchos los asuntos que pueden tocar el bolsillo de los españoles.

Para el Consejo General de la Abogacía, se trata de unas cantidades «desorbitadas» que ningún ciudadano medio puede asumir, pues a las nuevas tasas citadas se suman los honorarios de abogado y procurador. «No es de recibo que la inmensa mayoría de los españoles tenga que pedir un préstamo para poder pagar estas tasas», sostuvo Carnicer durante la protesta de los letrados convocada el 12 de noviembre. Comparten esta opinión las asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos y presidentes de las audiencias provinciales, pese a que supuestamente con la imposición de tasas se reducirá la litigiosidad.