tribunales
Tasas judiciales heridas de muerte
El Senado aprueba hoy el sistema de pago por el acceso a la Justicia pese a su posible inconstitucionalidad
n. villanueva
Ni el malestar de los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y oposición de los grupos parlamentarios ni las advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de unas tasas «desorbitadas» para acceder a la justicia pararán el proyecto de ley de tasas judiciales impulsado por el ministro ... Alberto Ruiz-Gallardón, que prevé el pago de entre 50 y 750 euros (mas otra tasa variable en función de la cuantía del procedimiento). Gracias a la mayoría parlamentaria del PP, el Senado previsiblemente aprobará hoy un proyecto de ley que ha tenido una tramitación parlamentaria récord y que nace herido de muerte. Y ello porque hay serias dudas de que la Comisión de Justicia estuviera legitimada para tramitarlo con competencia plena. La razón de estas dudas es la enmienda que se refiere a la eliminación de la paga extraordinaria a los jueces, una cuestión que poco tiene que ver con las tasas judiciales y cuya regulación, advierten fuentes parlamentarias, es objeto de ley orgánica (concretamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial), no de ley ordinaria.
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Con independencia de esta cuestión, la aprobación de las tasas ha puesto en pie de guerra a todos los operadores jurídicos, que antes de entrar en vigor ya se plantean llevarla al Tribunal Constitucional vía recurso de amparo (instando a que lo hagan aquellos ciudadanos que consideren vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva) vía recurso o cuestión de inconstitucionalidad (en el primer caso, 50 parlamentarios o el Defensor del Pueblo; en el segundo, los propios jueces o Tribunales).
«Cuestiones insalvables»
A juicio de los letrados se está fomentando «una justicia para ricos y otra para pobres», desde el momento en que s e está vetando el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos de cada ciudadano. Consideran, además, que no es cierto que el TC avale las tasas judiciales en general , sino solo aquellas que no suponen una barrera económica al acceso a la justicia. Tampoco avala, recuerdan, las que se imponen en la jurisdicción laboral, «por mucho que el trabajador "solo" tenga que abonar un 40 por ciento de las mismas». Para el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, el proyecto de ley contiene «cuestiones insalvables» que solo denota que sus promotores «desconocen la realidad social».
También los jueces se han puesto al lado de los abogados, y ello pese a la aparente descongestión de los Tribunales que se produciría con la imposición de tasas. El decano de los jueces de Madrid ha llegado a calificar este protecto de ley de «denigrante» y de «atentado claro» a la tutela judicial efectiva. Y así los demás decanos y presidentes de distintas audiencias provinciales.
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