La Generalitat congelará las tasas judiciales
Supondrían un gravamen extra de entre cincuenta y 95 euros por cada acto legal civil o contencioso
ROSANA B. CRESPO
El Gobierno valenciano se está planteando suspender la implantación de nuevas tasas judiciales, que supondrían un gravamen extra de entre cincuenta y 95 euros por cada acto legal civil o contencioso.
El propio conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré , ... fue el encargado de avanzar ayer en una conferencia los planes del Ejecutivo autonómico, que había contemplado esta tasa por su carácter disuasorio y para disminuir la litigiosidad, más allá de su impacto recaudatorio, que no alcanzará los ocho millones de euros anuales.
De acuerdo con el calendario parlamentario estaba previsto que mañana se sometiera a debate sobre la totalidad la ley de Tasas Ambientales y otras normas tributarias, entre las que se encuentran las judiciales, cuya aplicación, según sostuvo Cabré en el marco de la conferencia inaugural del foro Tribuna de la Universidad Cardenal Herrera CEU, se congelará.
La decisión del Consell coincide con el debate sobre el anuncio del Gobierno central de implantar nuevas tasas judiciales y que propició que ayer abogados de toda España se manifestaron contra la medida.
Distancias con el Ministerio
Cabré marcó distancias al respecto y sostuvo que las tasas judiciales que prevé implantar el Gobierno «no son el modelo» para reducir la litigiosidad. Precisamente, la próxima semana e stá prevista la presencia en Valencia el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón , quien impartirá una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Ayer, Cabré defendió que frente a las medidas del Gobierno en materia de tasas las previstas por el Consell son «muy moderadas y muy prudentes».
De hecho, inicialmente estaba previsto que se aplicaran en pleitos superiores a los 3.000 euros y contemplan bonificaciones y exenciones de hasta el 50 por ciento para autónomos y familias numerosas y monoparentales. Además, de la imposición de tasas quedan excluidas las acciones legales por la vía penal y la social (reclamaciones laborales, a la seguridad social, por prestaciones de desempleo) y algunas materias de la jurisdicción civil referidas a situación familiar, estado civil o sucesiones.
La Generalitat había presupuestado recaudar cada año entre siete y ocho millones de euros con la aplicación de las nuevas tasas. Una cantidad se destinaría ejecutar inversiones para infraestructuras judiciales.
Sin embargo, en plena escalada de las protestas sociales por los desahucios , el Consell ha optado por congelar la puesta en marcha de una medida que se puede considerar como un escollo más en un contexto de extrema crisis económica.
Más allá de las c ríticas a las tasas previstas por el Gobierno , la Generalitat considera que retirar el gravamen autonómico sobre los actos judiciales supone un gesto hacia los colectivos sociales más desfavorecidos. Una circunstancia que se le trasladará al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con motivo de su visita de hoy a Valencia.
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