CC.OO. y UGT piden más de 33 días de despido para los temporales

Las centrales que dirigen Pepe Álvarez y Unai Sordo creen que se ha creado en España un sistema que alienta el fraude y el incumplimiento de la legislación. En los documentos de trabajo a los que ha tenido acceso ABC aseguran que las consecuencias económicas que entraña para las empresas la demostración y comprobación del fraude son débiles y en absoluto disuasorias y que la sanción judicial por realizar un contrato fraudulento son mínimas, lo que anima a su incumplimiento.

En base a sus reflexiones han propuesto en las mesas de negociación una batería de medidas disuasorias entre las que está clarificar mucho más las causas de la contratación temporal y sus penalizaciones en caso de incumplimiento. Así reclaman incrementar las sanciones administrativas, ahora de 600 euros , reforzar el papel de la Inspección, además de incrementar de forma significativa la cotización de los contratos de corta duración y fijar consecuencias jurídicas para el encadenamiento de contratos.

UGT y CC.OO. son partidarios de eliminar el contrato de apoyo a los emprendedores , también el de primer empleo joven y establecer criterios en los convenios que determinen la contratación temporal admisible en la empresa, una medida que, como ya informó este periódico, fue propuesta por el Gobierno a los agentes sociales para reducir la temporalidad.

También quieren las centrales controlar la temporalidad injustificada en la Administración , además de ceñir las bonificaciones a la contratación a colectivos con dificultades de inserción como trabajadores de 45 años con baja cualificación. Recuerdan que el índice de precariedad elaborado por Eurostat señala que el 56,8% del empleo creado en España es precario frente al 22% en el conjunto de la UE-28. En respuesta a la propuesta del Ejecutivo de crear un nuevo contrato contestan que solo hacen falta medidas disuasorias.

Como ya informó este periódico el Ministerio de Empleo está dispuesto ahora a emprender una nueva reforma que busca aumentar la calidad en el empleo ya este mismo año. Dos son las propuestas estrella: la primera, luchar contra el abuso en la contratación temporal y, la segunda, mejorar la protección de los trabajadores. La ministra ha puesto encima de la mesa una revisión de los modelos de contratación que reduce los actuales cinco a tres: indefinido, temporal y de formación (aglutinaría el contrato en prácticas y las actuales modalidades formativas).

Menos contratos y más protección también para los trabajadores eventuales. El contrato propuesto tendrá indemnización creciente, tal y como pactó el Gobierno con Ciudadanos en 2016. Para el primer año de contrato, la indemnización por despido sería de 12 días por año trabajado; 16 días sería la indemnización para dos años de contrato y 20 para el tercero . Sería ídéntica a la que tienen contratos fijos cuando el despido es objetivo.