El Gobierno estudia ampliar la moratoria de desahucios, que acaba en noviembre

En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro de Economía asegura que el Ejecutivo está "atento" a la evolución de los desahucios que, según los últimos datos del Banco de España, cayeron un 8,87% el año pasado en relación con las viviendas habituales, aunque se incrementaron en términos generales. También se redujeron un 57% las entregas judiciales con intervención de la policía.

No obstante, durante 2013 aún se produjeron casi 39.000 lanzamientos de la vivienda habitual, lo que, en opinión del ministro, hace que "continúe siendo necesario" mantener medidas como la moratoria de dos años que se aprobó mediante decreto ley en noviembre de 2012 y que, por tanto, 'caducará' en apenas tres meses. "Valoraremos la situación y si continúa siendo necesaria, que yo creo que continúa siéndolo , por supuesto se extenderá su duración", afirmó De Guindos al respecto.

En el mismo sentido, el Ejecutivo "continuará extendiendo el horizonte temporal" de otras medidas que ha adoptado en los últimos dos años para hacer frente a este problema, como el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que permite a los deudores insolventes acceder a reestructuraciones de deuda, quitas o incluso la dación en pago, así como a alquileres sociales.

Medidas que, a juicio del titular de Economía, "están teniendo un impacto favorable" a la luz de los datos "positivos" que se van obteniendo. "Por tanto, mientras se den estas circunstancias (de dificultades para afrontar el pago de la hipoteca), el Gobierno continuará extendiendo el horizonte temporal de las medidas. Tenemos una predisposición absolutamente favorable, aunque aún no tenemos tomada ninguna decisión", añadió.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Ministerio de Economía que promueva la protección contra los desahucios de viviendas por motivos de necesidad social, que hasta ahora se aplican a los impagos de hipotecas, a los derivados del alquiler.

El Cermi hace esta petición ante las declaraciones realizadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado 29 de julio de que la "inclinación natural del Gobierno sería mantener o reforzar" las medidas para evitar los desahucios, y ello ante la finalización de la moratoria de dos años que aprobó el Ejecutivo en noviembre de 2012.

En concreto, el Gobierno aprobó un real decreto por el que se fijaban las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, una norma que también incluía un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que había quedado sin casa. El comité, que agrupa a las principales organizaciones del sector de la discapacidad, reclama que esa norma se extienda a los que traen causa de contratos de arrendamiento de viviendas.

El Cermi explica en un comunicado que "en estos años de aplicación de la legislación antidesahucios se ha evidenciado que no todas las situaciones de extrema necesidad social estaban amparadas por esta normativa, y que muchos casos sangrantes de lanzamientos de personas vulnerables seguían produciéndose por derivar su desahucio de un contrato de alquiler y no de una hipoteca".

A juicio del Cermi, no hay justificación para este trato desigual en función del origen desencadenante del desahucio, "pues el daño social es el mismo en ambos casos y merece idéntica protección".