El embajador de Panamá confía en un acuerdo con Sacyr, pero advierte de que el país tiene un «plan B»

Arango, quien participó en un desayuno informativo organizado por Executive Forum en el hotel Palace de Madrid, destacó que el litigio derivado por los sobrecostes que reclama Grupo Unidos por el Canal (GUPC) de 1.200 millones de euros (1.600 millones de dólares) constituye «un tema privado» en el que resulta comprensible que «cada parte defienda sus intereses». No obstante, aunque lo «más fácil y lógico» es que el consorcio termine las obras de ampliación, el embajador reconoció que el país centroamericano dispone de un «plan B» con el fin de garantizar el «compromiso» contraído por Panamá con «todos los panameños» y sus clientes para la conclusión del proyecto.

«El Gobierno tiene que tomar las medidas para terminar las obras, que es de todos», zanjó, preguntado por algunas informaciones que apuntan a que la norteamericana Bechtel se posiciona para finalizar la construcción si definitivamente la Autoridad del Canal rompe las relaciones con Sacyr e Impregilo. Arango rechazó referirse a este caso en concreto y se limitó a recalcar que no tenía «conocimiento» de que se haya suscrito un acuerdo con la estadounidense.

Asimismo, el embajador panameño rechazó que el conflicto haya dañado las relaciones con España, ya que se trata de «un tema privado» en el que resulta comprensible que «cada parte defienda sus intereses». Si bien reconoció que el Gobierno de Ricardo Martinelli se «sintió sorprendido» por la «reclamación fuera del contexto del contrato» en que, a su juicio, incurrieron el grupo de construcción español y el italiano. Sobre los reclamaciones económicas de ambas empresas, que atribuyen a las características del basalto de la zona y la existencia de fallas geológicas, Arango hizo hincapié en que «a la hora de calcular los costes es preciso afinar bien el lápiz» y que Panamá, como «país responsable», hará frente, «dentro de los términos del contrato, a los sobrecostes que considere justificables».