La banca encarece la hipoteca hasta 1.357 euros a quienes no contratan sus seguros

En concreto, la norma, de la que es ponente el eurodiputado español Antolín Sánchez Presedo, impide a las entidades financieras que hagan ofertas en el precio de sus hipotecas vinculadas a la compra de otros productos financieros que comercializa ella misma o una entidad con la que colabore o mantenga una alianza, como compañías de seguros. De esta forma, el cliente podrá contratar, por ejemplo, un seguro para su nueva vivienda en una entidad distinta a la que le concede la hipoteca sin ausmir por ello un sobreprecio en su préstamo. Es decir, se impide empaquetar esos productos, como se venía haciendo hasta ahora.

Las hipotecas ofrecidas por los bancos que operan en España aplican un diferencial mínimo del 2,70% de media, lo que se traduce en una cuota mensual de 551,37 euros al mes para un préstamo tipo en España. Ahora bien, para lograr ese interés mínimo, la mayor parte de las entidades exigen a sus clientes que contraten una serie de productos vinculados, como la domiciliación de la nómina, seguros de hogar o de vida y aportaciones a planes de pensiones. Si el consumidor los rechaza, el diferencial de su hipoteca se incrementa hasta el 3,68%, igual a una mensualidad de 600,94 euros. Esto es, pagaría 49,57 euros más al mes o 594,84 euros más al año.

«El consumidor no debe olvidar que la ley sólo obliga a contratar un seguro de hogar vinculado a la hipoteca, pero ni exige que se haga con la entidad que concede el préstamo ni que se opte por la versión más completa», recuerda la responsable de finanzas personales de Kelisto.es, Estefanía González, quien denuncia que en el 66% de las entidades financieras consultadas es incluso un requisito indispensable para poder acceder al crédito.

Si esta práctica se ha convertido en habitual en España es porque la norma nacional lo permite. La regulación de estos productos vinculados figura en la orden de Transparencia y Protección del cliente de servicios bancarios, que no fija límite para las condiciones que se pueden incluir en el contrato, siempre y cuando no vayan contra la ley o la moral y se informe debidamente al cliente.

Sin embargo, y aunque no erradica por completo estas fórmulas, la directiva europea impide casi todas las ventas vinculadas. El banco, por ejemplo, mantendrá su capacidad para obligar a contratar un seguro, pero el consumidor podrá hacerlo con la entidad que desee, eso sí, siempre que las características sean parecidas a las que le ofrece la entidad prestamista. «Es una directiva de mínimos, que no limita en ningún caso que los países puedan ir más allá», describe el socialista Presedo. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy también ha aprobado este años medidas que, ante el drama de numerosas familias españolas, facilitan la liquidación de la deuda hipotecaria .

Bruselas, a través de su directiva, regula además aspectos de la dación en pago, aunque no fija su universalidad y retroactividad, por la dificultad de armonizar las diferentes modalidades de hipotecas de cada país. Además, y entre otras cosas, se establece un periodo de siete días de reflexión antes de la firma del contrato y otro plazo de una semana después de la compra para que el cliente pueda retractarse.