El PSOE ha mantenido como miembro de su Comité Federal al exportavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós -imputado en el caso Brugal- durante más de dos años. Y tampoco le ha apartado por esta condición, sino que ha agotado su mandato hasta que ahora, tras el último congreso del partido celebrado hace unos días, no lo ha incluido en la lista.

En 2010, el juez lo imputó por el presunto amaño de la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja, en una de las dos piezas principales del sumario, en la que se investigan supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. Aun así, en abril de 2012 fue incluido en el Comité Federal del PSOE, en un momento en que los socialistas exigían dimisiones en las filas populares por este mismo caso judicial.

Amorós también se integró en la ejecutiva provincial alicantina de su partido, liderada por el actual secretario general, David Cerdán, si bien las críticas internas forzaron su dimisión en apenas 48 horas.

No obstante, en todo este tiempo, ni el responsable provincial, ni el autonómico, Ximo Puig, ni tampoco el secretario general hasta este último congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, han dicho esta boca es mía en lo que concierne a Antonio Amorós, que ha permanecido en el Comité Federal, el órgano cuyas funciones son -según el propio PSOE- «examinar la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, aprobar el programa electoral de ámbito estatal, ratificar las propuestas de candidaturas y las listas electorales, designar candidato a la presidencia del Gobierno, convocar elecciones primarias, convocar el congreso federal y las conferencias sobre cuestiones de política general o sectorial».

Críticas al aparato

Sí ha pasado a formar parte del mismo el secretario local en Alicante Gabriel Echávarri, cuyo apellido figura erróneamente en la lista difundida en la propia web del PSOE, como Echevarri. En cambio, Cerdán se ha visto excluido y ha arreciado en sus críticas al aparato, al asegurar que había una promesa de contar con todos los secretarios provinciales.

En su momento, Amorós negó su implicación en el caso Brugal, al declarar que no tuvo «nada que ver con los elementos que se han derivado de la operación Brugal», más allá de su labor, «estrictamente política, como portavoz en la Diputación, en la tramitación de las labores del consorcio de residuos de la Vega Baja».