Cataluña: cuando el Gobierno convierte la fiscalidad en un castigo

Los hechos son testarudos. Cataluña se ha convertido en el territorio con mayor presión fiscal de España, un auténtico muro que impide a familias y trabajadores avanzar. No es una apreciación subjetiva: es una realidad respaldada por los datos de la propia Generalitat.

La Generalitat de Catalunya recauda más que nunca, pero no devuelve ese esfuerzo en forma de mejores servicios públicos. Al contrario: hospitales tensionados, listas de espera interminables, escuelas en barracones… ¿Dónde va entonces el dinero? A una estructura política tan desmesurada como estéril, arcaica y burocrática que crece incluso en los momentos de mayor dificultad para los ciudadanos.

Es especialmente grave que, mientras millones de catalanes luchan cada mes para llegar a final de mes, el Govern de Salvador Illa mantenga cientos de organismos duplicados, más de un millar de altos cargos y un volumen obsceno de subvenciones ideológicas. A nadie debería sorprender que muchos catalanes sientan que trabajan para financiar un aparato político que no les protege, sino que les parasita.

La izquierda ha construido un relato completamente desvinculado de la realidad: acusan al Partido Popular de favorecer a los privilegiados cuando, precisamente, son las comunidades gobernadas por el PP donde las rentas medias y bajas disfrutan de los impuestos más bajos y de unos mejores servicios públicos. No es un eslogan; es la constatación de que otro modelo fiscal es posible cuando el objetivo no es mantener un entramado de poder, sino devolver a la ciudadanía lo que es suyo.

Y la confirmación más obscena de esta voluntad de seguir exprimiendo a los catalanes ha llegado esta semana al Parlament: el PSC de Salvador Illa, ERC, los Comuns y la CUP no solo votaron en contra de la propuesta del PP para reducir los tramos autonómicos del IRPF, sino que, con su bloqueo coordinado, impidieron incluso que la iniciativa pudiera ser tramitada. La tumbaron de raíz. Prefirieron cerrar la puerta de un portazo antes que permitir siquiera un debate parlamentario sobre aliviar la carga fiscal. Esa es su «sensibilidad social»: apagar cualquier esperanza de que los catalanes paguen menos, blindar el infierno fiscal y proteger su maquinaria política a costa de quien madruga, trabaja y sostiene este país.

Por eso el PP gobierna en la mayoría de comunidades del país: porque se ha demostrado, elección tras elección, que una fiscalidad equilibrada y una administración contenida son la combinación que genera confianza, inversión y bienestar. Lo que está ocurriendo en Galicia, Madrid o Andalucía no es un milagro, sino el resultado de decisiones políticas coherentes: bajar impuestos, simplificar la administración y priorizar el gasto útil frente al gasto político.

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Cataluña, en cambio, lleva demasiado tiempo atrapada en un modelo que penaliza el esfuerzo, castiga al emprendedor y convierte al ciudadano en súbdito fiscal de un feudalismo fiscal insufrible. No se puede aspirar a una economía dinámica cuando el Gobierno convierte cada nómina en un recordatorio de que el progreso individual está mal visto. Y lo peor es que esta estrategia no solo empobrece económicamente: empobrece moralmente, porque desalienta la iniciativa y perpetúa la dependencia política.

La izquierda catalana insiste en preguntarse por qué Cataluña pierde dinamismo. Es sencillo: cuando exprimes a las familias, asfixias a los emprendedores y gobiernas a golpe de propaganda, el resultado no es progreso. Es decadencia.

Juan Fernández es portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña