El Gobierno endurecerá la vigilancia en las autopistas de peaje

El remedio para evitar las infracciones consiste, según se desprende de la propuesta, en asignar al personal al servicio de las concesionarias las competencias propias de las autoridades públicas . Al menos de manera temporal. «El personal encargado de la vigilancia de la autopista, en ausencia de los agentes públicos competentes, y cuando por la excepcionalidad de la situación se requiera, podrá adoptar las disposiciones necesarias en orden a la regulación y ordenación del tráfico , formulando en su caso las denuncias procendentes conforme a la normativa de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial», reza el texto de la reforma normativa.

Hasta la fecha, el personal de seguridad solo podía formular estas denuncias por medio de las autoridades. Con esta propuesta se quiere conferir agilidad a la supervisión de estas vías y evitar irregularidades. Los usuarios tendrán más difícil marcharse sin pagar. « El impago del peaje por parte del usuario constituye una infracción administrativa que será objeto de la correspondiente sanción conforme a la normativa de la Ley de Tráfico», añade la propuesta regulatoria.

Además, a partir del próximo 1 de enero se introducirá otro cambio para que la responsabilidad de las «infracciones por estacionamiento o de impago de los peajes» recaiga en el titular o la persona que haya alquilado el automóvil . La única expceción se aplicará «cuando el vehículo tuviese designado un conductor habitual».

El Gobierno también se ha centrado en el otro gran punto débil de las concesiones, el elevado coste de las expropiaciones. Para evitar que se vuelvan a producir situaciones como la de las radiales madrileñas, en las que supusieron un sobrecoste diez veces superior al previsto cuando se proyectaron, el Ejecutivo limitará el aumento del importe, «cualquiera que sea el motivo», al 25% .

El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, avanzó a comienzos de mes que trabaja en los procesos aún abiertos en los tribunales para que las expropiaciones no generen estas pesadas facturas en las cuentas de las concesionarias . Un proceso que pasa por investiga las cuantías que se exigieron, en muchos casos «desorbitadas», cuando no «lesivas o abusivas», según el número dos de Fomento.