En busca de la estabilidad

La retirada de subvenciones y nuevos tributos como la «polémica ecotasa» impuesta por el Gobierno regional para gravar la generación de energía renovable en Castilla y León han venido a sumarse al problema, según admite García Tejerina. «Este impuesto ajusta más los márgenes de rentabilidad de los parques eólicos y provoca una fuga de inversiones a zonas limítrofes que no presentan esta tasa. No entendemos cómo la Administración autonómica, responsable de que seamos líderes en el sector, ahora lo echa por tierra», comenta.

Apecyl presentó un recurso contra este gravamen que a día de hoy avanza hacia el Tribunal Constitucional, donde se están valorando otros recursos similares impuestos en Galicia y Castilla La Mancha. «El tributo autonómico es inconstitucional, ya que grava algo que ya tributa por otros impuestos, y confiscatorio, puesto que supone hasta el 80 por ciento de los beneficios de la actividad», insiste el secretario general de Apecyl.

A esto hay que sumar que el recién aprobado Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética «supone una nueva carga fiscal a la generación de energía eólica a través de un impuesto fijo del seis por ciento para todas las tecnologías de generación de energía eléctrica», admite.

Más de 5.000 empleos directos

En Castilla y León existen más de 450 empresas de energía eólica que generan 5.000 empleos directos. La potencia de éstos en la región asciende a más de 5.5 millones de kilowatios, que recogen los 4.277 aerogeneradores que hay instalados por toda la Comunidad, especialmente en Soria, Ávila, Burgos, Zamora y Palencia. Por lo que respecta a las nuevas infraestructuras, hay cinco parques eólicos de nueva construcción. Dos en Palencia, concretamente en Aguilar de Campoo (pertenecientes a las empresas Vestas y Gamesa); dos en Soria, uno en Ágreda y otro que engloba a los términos municipales de Tajahuerce, Almenar y Pinilla del Campo (ambos de GE), y finalmente, uno en Medina del Campo (de M-Torres). Unas instalaciones que sumarán un total de 49.400 kilowatios de nueva potencia. En cuanto al número de nuevas licencias, hay 82 ya aprobadas, lo que provocará que en un futuro haya 1,5 millones de kilowatios más de potencia.

El excesivo número de licencias concedidas (82tienen ya permiso para desarrollar sus proyectos) y el bajo de nuevas construcciones (cinco) se debe, alerta Tejerina, a la incertidumbre del marco regulatorio nacional aún por definir. «Hay un parón que comenzó con el anterior Gobierno y que continuará hasta que se definan las reglas del juego. Si no se hace cuanto antes, correremos el riesgo de perder nuestra situación de liderazgo y, lo que es más importante, la fabricación de componentes, que está atravesando ya serios problemas, caerá y provocará que haya que importar las piezas que actualmente tenemos aquí dando lugar a un desmantelamiento industrial que nos había colocado como líderes mundiales. Antes o después la situación se reconducirá y para entonces, si no ponemos ya los medios, puede que sea tarde». De ahí que sea tan importante dar señales de estabilidad ante los mercados y que demanden una regulación cuanto antes.

Tejerina recordó que esta incertidumbre que viven actualmente está provocando casos como el de la empresa Electroaplicaciones Ólvega, que parece que va a cerrar sus puertas. En concreto ésta ha presentado ante la Oficina Territorial de Trabajo un expediente para extinguir los contratos de 17 trabajadores de un total de 19 que componen su plantilla. Pero también están ejemplos como el de Iberdrola Renovables, que actualmente posee en Castilla y León un total de 50 parques eólicos instalados, que suman 1.453 megavatios de potencia (17 en Burgos, 16 en Soria, seis en Palencia, cuatro en León, cuatro en Zamora, dos en Valladolid y uno en Salamanca), lo que la convierte en líder en el sector en este territorio. «Hemos invertido cerca de 1.600 millones