«Hay que lograr que el ciudadano se convierta en auditor desde su sofá»

Un buen número de diputados provinciales, algunos alcaldes y, sobre todo, muchos técnicos municipales acudieron ayer a la cita convocada por la Diputación de Valladolid sobre transparencia en los gobiernos locales. La jornada, que contó con la colaboración de la Fundación Democracia y Gobierno Local, fue inaugurada por el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.

Sobre la mesa, la inminente aprobación de la ley sobre transparencia y buen gobierno que el Gobierno de Mariano Rajoy tramita ya en el Congreso. Y entre los asistentes, las dudas sobre las posibles sanciones ante la imposibilidad de implantar las estructuras que la aplicación de la futura ley conllevará. No se aclaró este punto en exceso, ya que la futura norma sí contempla el régimen sancionador para la Ley de Estabilidad Presupuestaria, algo que no hace en el apartado de transparencia y publicación activa.

La necesidad de esta normativa sí quedó clara en la intervención de los catedráticos Manuel Villoria y Jesús Lizcano, especialistas en Ciencia Política y Economía, respectivamente. España es el único país de la Unión Europea de más de un millón de habitantes que no tiene legislación sobre la transparencia de la gestión pública. Villoria subrayó cómo las «buenas instituciones» han estado ligadas históricamente al desarrollo económico, aquellas que son «legítimas, equitativas, eficientes, estables y flexibles» y que permiten constreñir conductas fraudulentas y la ineficacia. La idea es que «el ciudadano pueda convertirse en auditor desde su sofá» y para ello el Estado debe hacer «publicidad activa» para que toda la información que genera pueda ser reutilizable por los ciudadanos y que la sociedad pueda ver qué hay detrás de las palabras: comparar costes, gastos, contrataciones...

En España la situación no está para grandes alharacas. El país, según Villoria, «no genera confianza» y su nivel de transparencia no hace sino agudizar las dudas internacionales sobre las instituciones. Según su análisis, se ha perdido en efectividad y la eficacia de las medidas del Gobierno disminuye al tiempo que el control de la corrupción no ha avanzado en general.

El catedrático recordó a los políticos y técnicos allí presentes que la transparencia significa ofrecer información clara, de forma activa y atendiendo las demandas. Es fundamental que el ciudadano pueda comparar, contrastar y conocer todo lo que gestionan sus gobernantes para que plantee sus dudas, sus críticas y participe. Jesús Lizcano por su parte, explicó cómo se elaboran los índices de transparencia que ponen nota a ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales y nacionales. En el fondo, la labor de esta ONG es presionar en los desafíos éticos del siglo XXI, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la integridad de un buen gobierno. La Diputación de Valladolid salió bien parada en el primer ránking que publicó Transparencia Internacional en España, con un índice de 87,5 sobre 100, muy alejado del mínimo en la región conseguido por Segovia, un 33,8.

¿Qué se les pide a las instituciones para elaborar este índice? Todo tipo de información, desde lo relativo a la estructura de funcionamiento al detalle al aspecto económico y financiero. Ahí es donde más «suspenden» las administraciones. Rafael Jiménez Asensio, profesor de Derecho Constitucional en la Pompeu Fabra, advirtió sobre la necesidad imperiosa de que avancen desde ya la ley de transparencia que se tramita y recordó que, aunque la entrada en vigor se diferirá un año a partir de la aprobación, supondrá un esfuerzo en organización y sistemas de formación. Este gasto que habrá que coordinarlo especialmente en tiempo de crisis ya que tanto la publicación activa en páginas web como la atención ciudadana necesitarán recursos humanos y de otro tipo que supondrán un nuevo coste a financiar. Por ejemplo, habrá que «traducir» todos los sistemas jurídicos.