Las oficinas gallegas en el exterior se mudan a las embajadas

El Gobierno gallego sigue reduciendo los costes de la Administración. La última medida acordada pasa por trasladar las oficinas que mantiene abiertas en el exterior a las embajadas españolas, con el consecuente ahorro de costes en el alquiler de las mismas. La iniciativa se materializará ... el próximo lunes, fruto de un convenio que firmarán el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.El Ejecutivo autonómico tiene tres oficinas en el exterior: una en el Centro Gallego de Buenos Aires, otra en Montevideo y la Fundación Galicia Europa en Bruselas, encargada de las relaciones con la UE. El objetivo es que estas oficinas y su personal se trasladen a las instalaciones de las embajadas de España ubicadas en los mencionados países con el fin de recortar gastos.La Comunidad gallega se une así a La Rioja y Castilla y León, que ya han firmado un convenio similar con departamento estatal para integrar sus delegaciones de Bruselas en la de España. Otras regiones, como Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón, también han suscrito acuerdos con la Secretaría de Estado de Comercio para incorporar sus oficinas económicas a la red estatal.Cataluña y el País Vasco son las dos únicas autonomías que hasta el momento no han manifestado su voluntad de trasladar sus sedes comerciales a las oficinas del Estado.Gestión de fincas rústicasPor otro lado, el Consejo de Ministros ratificó ayer la autorización para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas suscriba un convenio con la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) sobre la gestión de fincas «con vocación agraria» y que será el que regule los términos en los que podrá producirse la entrega. La medida garantiza al propietario la percepción de la renta y la adecuada conservación del inmueble cedido a terceros.Asimismo, se prevé que este organismo pueda colaborar en los procedimientos de investigación de bienes vacantes, con la aportación de documentación y con la gestión de las fincas investigadas para evitar su desvalorización. Una vía abierta de cara a la puesta en valor de los inmuebles rústicos en base a las directrices del Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario.