El Supremo de EE.UU. avala la reforma sanitaria de Obama

La decisión supone una importante victoria para Obama a poco más de cuatro meses para las elecciones presidenciales de noviembre, en un momento delicado para el presidente, con unos índices de popularidad renqueantes y serias dificultades para atraer financiación a su campaña electoral.

El principal inconveniente que se le encontraba a la reforma es el mandato individual , el capítulo que obliga a los más de 30 millones de estadounidenses que no tienen cobertura médica a contratar un seguro antes de 2014. La duda era si el Congreso tenía o no el poder de obligar a todos los ciudadanos que, en caso contrario, serían multados. Como ya comparó Obama en 2009, cuando presentó la reforma por primera vez, ese mandato exigiría tener un seguro médico básico de la misma manera que la mayoría de los Estados exigen a los conductores tener asegurado su coche.

Tras un encendido debate, el presidente conservador del tribunal, John Roberts, se ha unido a los otros cuatro jueces progresistas para apoyar ese mandato individual. Los cinco consideran que es permisible obligar a través de la coerción a tener un seguro médico gracias a la autoridad que el Congreso tiene para fijar impuestos a los ciudadanos . Aunque el texto de la ley sanitaria se refería al pago que los no asegurados tendrían que hacer como multa y no como impuesto, el fallo del Supremo reconoce que ha seguido un «enfoque funcional» al rechazar la designación que incluía el texto e interpretarla «por su sustancia y aplicación», lo que permite que pueda ser considerada un impuesto.

«El requisito [...] de pagar una multa en caso de no tener seguro médico puede ser entendido razonablemente como un impuesto», indica Roberts en la sentencia. «Ya que la Constitución permite tal impuesto, no es nuestro papel prohibirlo, o pronunciarnos sobre su conveniencia o justicia», ha añadido el presidente del Supremo.

Obama aprobó en 2010 la ley sanitaria, que buscaba que todos aquellos americanos que carecían de seguro pudieran acceder a seguros privados de manera más barata o entrar a formar parte del sistema de protección sanitaria federal, conocido como «Medicaid». Con estas medidas, cerca de 50 millones de personas que carecen de protección sanitaria tendrán seguro médico a partir de 2014.

Desde su aprobación, la norma fue combatida con varias demandas en cortes estatales y acabó en el Supremo, única corte con potestad para juzgar si la ley entraba en conflicto o no con la Constitución. El recurso a la norma promovido por 26 estados republicanos consideraba que la ley supone una violación de las libertades individuales y una considerable extensión de la autoridad del Gobierno federal sobre las prerrogativas de los estados.