El Gobierno propone reducir a 24 las competencias de los ayuntamientos

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso ABC, en el que se recogen sus propuestas para la modificación de la actual Ley de Bases de Régimen Local ,que el Gobierno quiere negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el PSOE. Esta iniciativa se enmarca dentro de la reforma de las administraciones públicas que quiere llevar a cabo el Ejecutivo de Rajoy, con el objetivo de eliminar duplicidades y hacerlas más racionales.

Uno de los aspectos más polémicos de esta reforma es la delimitación de las competencias de los ayuntamientos, para que no se hagan cargo de los servicios que no les corresponden y para los que no reciben financiación. El hecho de asumir las denominadas « competencias impropias» ha obligado a endeudarse a los entes locales. Otras de las reformas pendientes es la de la Ley de Haciendas Locales, que delimite el sistema de financiación de los ayuntamientos.

En lo que se refiere a las competencias, el Gobierno hace suyo el listado que propuso la FEMP en el informe que le remitió, y que se concretan en 24. En este sentido, señala que la «responsabilidad del gasto en cada municipio es asumida íntegramente por sus cargos representativos ante el electorado, partiendo de la regla ineludible de que cada municipio es responsable de los gastos asumidos, sin posibilidad de que cualquier otra administración pueda financiarlos de forma extraordinaria». No deja opción a « ninguna operación extraordinaria de financiación por parte de otras administraciones».

El Gobierno excluye como competencia municipal la conservación y mantenimiento de los colegios públicos y subraya que « los servicios sociales en municipios de menos de 20.000 habitantes y los servicios culturales quedan como estrictamente voluntarios y facultativas».

En esta propuesta habilita a las Comunidades Autónomas «para que puedan ordenar a las diputaciones provinciales la gestión de servicios obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes». La principal ventaja de esta propuesta «estribaría en operar una reordenación territorial que evitaría la supresión o fusión de municipios claramente incapaces para gestionar sus servicios obligatorios y permitiría la supresión de muchas de las actuales mancomunidades».

En materia de control del gasto, advierte que «no se podrán suscribir convenios o constituir consorcios sin que esté asegurada la sostenibilidad financiera de la actividad local correspondiente».