España sólo ha aprobado una ley mediante iniciativa legislativa popular en 30 años

Nuestra democracia representativa no limita la participación ciudadana a la designación mediante el voto de los representantes en las Cortes Generales, sino que existen también otras formas de participación pública. Una de ellas son los miles de escritos que cada legislatura envían los ciudadanos a la Comisión de Peticiones —algunos de ellos, realmente variopintos —. La otra, la Iniciativa Legislativa Popular.

Recogida en el artículo 87.3 de la Constitución, supone que los ciudadanos pueden elevar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados, siempre que cuenten con el aval de 500.000 firmas debidamente acreditadas.

Pero lo que en principio parece una herramienta extremadamente útil tiene grandes limitaciones . En primer lugar, las materias que quedan excluidas por la propia ley que la regula. Así, no serán admitidas las relativas a asuntos que, según la Constitución, son propios de leyes Orgánicas —aquí se incluye lo relacionado con las libertades públicas y los derechos fundamentales—, de naturaleza tributaria, de carácter internacional, referentes a las prerrogativas de gracia (el indulto, que corresponde al Rey con arreglo a la Ley), Presupuestos Generales del Estado o el Consejo Económico y Social, la planificación económica ni, por supuesto, la propia Constitución.

Una vez presentada la iniciativa, la mayoría son inadmitidas , precisamente, por su texto o contenido inapropiado. Por ejemplo, la proposición de Ley de la reforma salarial política, fue inadmitida a trámite en términos absolutos en cinco días. Se presentó el 2 de febrero de 2011 y se calificó el día ocho.

Una vez que la proposición pasa esta criba, quien la propone dispone de nueve meses para recoger las 500.000 firmas y entregarlas a la Junta Electoral Central. Si pasados los nueve meses no se consiguen las firmas suficientes, la iniciativa caduca .

Inadmisión y caducidad criban ya el 80 por ciento de las iniciativas populares, según explica a Efe el jurista Aitor Martínez, autor de un estudio sobre las ILP en España. Para él, los datos demuestran el «escaso interés» del legislador español en favorecer la participación ciudadana e incluso su «miedo» a ésta.

Si la proposición logra recoger las firmas suficientes y una vez que éstas han sido comprobadas y verificadas debidamente, el Congreso dispone de seis meses para que entre en el orden del día de un Pleno. Pero, una vez en la Cámara Baja, continúan las trabas.

El Congreso ha de tomar las propuestas en consideración y, de las ocho que lograron ser discutidas en el pleno —la novena se tramitó por completo sin requerir acuerdo o decisión—, ninguna superó la resistencia del Congreso. Por tanto, sólo una de las 66 iniciativas consiguió convertirse en ley.

La «afortunada» fue una ILP presentada en la V Legislatura (1995) sobre reclamación de deudas comunitarias que, finalmente, acabó subsumida en otra proposición no de ley en la VI Legislatura y supuso la modificación de un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal.

Si la ILP es un verdadero instrumento de democracia participativa, poca efectividad ha tenido en su puesta en práctica. No permite a los ciudadanos legislar, sino proponer al Congreso sobre qué legislar, pero este puede, en última instancia, no tomarla en consideración, como ha pasado hasta ahora.

Viendo el número de Iniciativas legislativas presentadas en los últimos años, resulta evidente que éstas están proliferando . En la presente legislatura, la Junta Electoral Central ya ha registrado cinco nuevas, que se suman a las siete pendientes de la anterior legislatura. Sólo en 2011 se presentaron 13 ILP.

Algunos expertos, como Martínez, vaticinan un «bombardeo» en los próximos años, sobre todo con el auge de movimientos como el 15M y los indignados, que reivindican más participación ciudadana, y la introducción de la firma electrónica y el poder de convocatoria de internet, que permitirá solucionar el escollo de la recogida de firmas.

Siguen existiendo dificultades, como la exigencia del certificado digital emitido por la fábrica nacional de moneda y timbre, del que no todos los ciudadanos disponen, para adherirse a una causa a través de internet.

Martínez considera, también, necesario que se sustituya el trámite de la toma en consideración en el Congreso por el de debate de totalidad , de forma que los promotores de la ILP puedan, incluso, defenderla. Ahora solo es debatida ante el Pleno para que los grupos parlamentarios fijen su posición.

En esta línea, surge la iniciativa del Partido Socialista «Escaño 351» , que consiste en dar voz directa a los ciudadanos renovando la Comisión de Peticiones. El objetivo es que los ciudadanos puedan defender en una audiencia especial las iniciativas legislativas populares que realizan.