Economía

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«Todos a la calle en quince minutos»

Kirchner no había terminado de anunciar la expropiación, cuando sus funcionarios tomaban la sede de YPF

Día 23/04/2012 - 14.59h

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Ni cinco, ni diez, fueron quince los minutos que les dieron a los hombres de la lista negra del Gobierno, para abandonar sus despachos y el edificio de YPF en Buenos Aires. Los ejecutivos de la planta 32 y el resto de las personas que trabajaban en la impresionante torre de la compañía estaban mentalizados para cualquier escenario menos uno: el que se estaba produciendo ante sus ojos.

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, firmó a las 10.30 de la mañana del lunes el Proyecto de Ley de Expropiación y el Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el que intervenía la empresa. Pasada la una de la tarde no había terminado de anunciarlo oficialmente, cuando se produjo el asalto de sus funcionarios a la sede de la primera compañía del país. En un hotel vecino sabían desde la mañana del lunes que «algo pasaba» por el goteo de gobernadores de las diez provincias petroleras de Argentina que iban haciendo el «check in» desde temprano. En la planta noble de YPF Repsol, en la zona de Puerto Madero, creyeron que se debía a un adelanto de la reunión que la Jefa del Estado tenía prevista para el día siguiente. Confiaban en que de ahí saliera una solución más o menos consensuada. Se equivocaron.

El «consejero K»

Cuando escuchaban las palabras de la presidenta, por la puerta del edificio, a paso ligero, entraba Roberto Baratta, representante del Estado en el Consejo de Administración de YPF, cargo ocupado desde que su Gobierno nacionalizara las AFJP (Fondos de Jubilación y Pensiones). Todas las empresas que participaban de estos fondos se encontraron, de la noche a la mañana, con la imposición, por ley, de tener que sentar a un consejero «K» en su «Directorio», término local para referirse al Consejo de Administración. En el caso de YPF la compañía, además, tuvo que soportar, por las bravas, que en más de una ocasión se le sentarán hasta tres muchachotes del Gobierno a la mesa. Con Baratta estaban Rodrigo Cuesta, Nicolás Arceo y Juan Strada. Eran los «portadores» del Decreto de Necesidad y Urgencia donde figuraba el actual Ministro de Planificación, Julio De Vido, como interventor.

Con ese «salvoconducto» en la mano sus deseos eran órdenes para los hombres de Antonio Brufau. Aunque Cristina Kirchner anunciaba, en vivo y en directo, que el viceministro de Economía, Axel Kicillof, también sería interventor, en el documento «su nombre no figuraba», asegura un hombre que lo tuvo entre sus manos. El encargado de concretar «el operativo», fue Baratta. «Empezó con las secretarias y siguió en escala hacía arriba. Llevaba una lista con el nombre de 16 personas a las que fue comunicando su cese inmediato y mostrando la puerta de salida», explica un testigo.

Cortes de teléfono

«Las líneas fijas dejaron de funcionar y los celulares (móviles) perdieron la señal. No había forma de avisar a nadie del exterior», añade. Estaban incomunicados porque, «hasta el internet desconectaron», puntualiza la misma fuente.

El «operativo YPF» no encontró resistencia en ninguno de los ejecutivos de la compañía. Ni en los españoles ni en los argentinos. Tampoco en Sergio Resumil, ex director de Comunicaciones. Uno a uno acataron las instrucciones que les daba Baratta, su «comportamiento fue formal. No hubo forcejeos, empujones o violencia de ningún género. Cumplimos lo que nos dijo». Los 16 destituidos dejaron sus sillas vacías. «Los que tenían chófer fueron con el vehículo de YPF a sus domicilios. Allí se despidieron del coche y del conductor. Ambos, con los móviles, a partir de ese momento, pasaron a formar parte del patrimonio de La Cámpora. ¿Te imaginás a Máximo [Kirchner] y los suyos por Buenos Aires con esos coches?», relata con sorna un hombre que no estaba dentro pero conoce de primera mano todos los detalles y en especial la agrupación que fundó el hijo de la presidenta y que ha logrado colocar a los suyos en todos los centros de poder político y económico.

«Sólo los efectos personales. No dejaron que nos lleváramos nada más», recuerda, sin que le produzca la más mínima gracia, un hombre que tuvo que salir con las manos en los bolsillos. «A los imprescindibles que no estaban en la lista de Baratta les sentaron al lado un comisario político, una especie de policía para vigilar todos sus movimientos. No podían echar a la totalidad del personal porque no saben cómo utilizar los ordenadores ni dónde buscar la información. Se hacen un lío. Desde entonces —añade la misma fuente— actúan como sabuesos en busca de una pieza que no encuentran». A las dos de la tarde los 16 de la lista de Baratta estaban en la calle. El «modus operandi» del Gobierno hizo que saltaran las alarmas en Madrid. El departamento de Análisis de Riesgo trazó un plan de evacuación rápida a Montevideo. La directiva de YPF cruzó el Río de la Plata por temor a otras medidas. El año 2006 planeó en la memoria. El recuerdo de los ejecutivos detenidos en Bolivia y su cotidiano ir y venir en avionetas de la empresa entre Santa Cruz y Jujuy, recomendaba quitar de en medio a la cúpula, en cuyo vértice figuraba Antonio Gomis. Las formas del Gobierno invitaban a pensar que un escenario de persecución criminal y escarnio público con los ejecutivos entre rejas, no era un disparate.

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