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Solo 17 autores de incendio forestal están en prisión

La media de incendiarios detenidos al año es de 300, pero la mayoría no ingresan en la cárcel. Los jurados son reacios a condenas basadas en indicios

Día 07/04/2012

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Solo 17 autores de incendios forestales están en estos momentos ingresados en las cárceles que dependen del Ministerio del Interior —todas salvo las de Cataluña—. De ellos, doce son penados, cuatro se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio y uno cumple una medida de internamiento por orden judicial en el psiquiátrico penitenciario de Foncalent (Alicante), según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La cifra resulta mínima, por cuanto la media anual de detenidos en nuestro país como autores de fuegos en el monte es de unas 300 personas (302 en 2010), tal y como refleja la última Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo.

La pena de prisión para delitos que devoran miles de hectáreas de bosques, pastos y barrancos cada temporada no es la norma ni mucho menos, y el propio fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, así lo reconoce.

Tres delitos y libres

«Personas que son detenidas por un incendio forestal doloso son puestas en libertad tras pasar a disposición judicial, por ejemplo cuando las dimensiones del incendio no han sido muy grandes —por la rápida intervención de los equipos de extinción—, siendo detenidas de nuevo por otro supuesto idéntico o similar poco después de quedar en libertad», se lamenta Vercher en una circular enviada a los fiscales delegados de Medio Ambiente que dependen de él.

«Se han dado casos —explica el fiscal coordinador— de hasta tres detenciones en cadena y en el tiempo, en esta línea, tras haber provocado la misma persona una sucesión de incendios forestales, sin que se adoptase medida cautelar alguna al actuar diferentes jueces y fiscales de guardia». Vercher pone el acento en uno de los factores que alientan la impunidad de los «pirómanos»: cuando el caso llega al juzgado de guardia no siempre se actúa con la suficiente diligencia que requiere.

La solución pasa por la especialización. «Los fiscales especializados deben valorar la posibilidad de pedir en tales casos al juez la prisión provisional de la persona que se sospeche pueda incurrir en la situación descrita», recomienda Vercher.

Con el parque natural de las Fragas del Eume (La Coruña) en llamas —en un incendio intencionado, según la Xunta— y las críticas surgidas a renglón seguido, esta misma semana han vuelto a surgir las voces que demandan cambios. El primero que se pronunció fue el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó el endurecimiento del Código Penal para quienes provocan incendios, de forma que el castigo sea también económico (algo que ya se aplica de hecho en las sentencias, aunque en la práctica las indemnizaciones no se materializan porque los autores suelen ser insolventes). El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, apunta en el mismo sentido y se ha referido a conductas que deben ser sancionadas con enorme dureza porque no solo causan daños materiales y ambientales, sino que además «están poniendo en peligro la vida de quienes tratan de extinguirlos».

El Código Penal castiga el delito de incendio forestal con penas de uno a cinco años de cárcel y de diez a veinte en el caso de que haya existido peligro para la vida o la integridad física de las personas. La media de las condenas por grandes fuegos ronda los tres y las absoluciones son un elemento más que sumar a la ausencia punitiva en este tipo de delitos.

Cuestionamiento del jurado

Sirvan como ejemplo los datos de los tres últimos años de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. En 2009 se judicializaron 2.170 incendios forestales; ese mismo año se dictaron solo 85 sentencias condenatorias (todas referidas a casos de años anteriores) y 51 absoluciones. Al año siguiente, los últimos datos conocidos, se judicializaron 1.780 fuegos forestales, se condenó a 96 personas y hubo 34 absoluciones.

El fiscal de Medio Ambiente de Asturias, Joaquín de la Riva, explica una de las claves para entender estas cifras. Los autores de incendios dolosos o intencionados son juzgados por el Tribunal del Jurado, en lugar de por magistrados y jueces profesionales. «La experiencia ha demostrado la dificultad de obtener condenas basadas en la prueba indiciaria, que es la habitual en unos delitos que se cometen en zonas apartadas, a veces de noche». Lo infrecuente es que haya testigos directos.

Quemar el monte de forma intencionada acarrea una pena de prisión y los jurados populares son reacios a emitir un veredicto de culpabilidad basado solo en pruebas indiciarias. Por este motivo, De la Riva aboga por suprimir los juicios con jurado en este tipo de casos, en lugar de elevar las penas.

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