El Estado inyectará mil millones a la Seguridad Social para pagar pensiones

En los acuerdos del Pacto de Toledo, en el año 1995, para salvaguardar el sistema de pensiones ya se llegó al compromiso de que de forma paulatina Hacienda, con cargo a impuestos , fuera asumiendo el pago de estas cantidades. Más tarde, en 2002, en una revisión de este pacto, se fijó incluso por ley una fecha límite —el año 2013— para que estos complementos los pagara totalmente el Estado y no dependieran de las cotizaciones de los trabajadores.

Sin embargo, a pesar de que poco a poco Hacienda ha ido haciéndose cargo de parte de estas ayudas, con 300 millones más cada año desde 2003 hasta 2010, y solo 100 más el año pasado, el incremento de las pensiones mínimas, por las decisiones de los gobiernos de turno, ha ido engordando el coste de esta partida. Así, si en 2002 los complementos a mínimos costaban 4.187 millones de euros, a finales de 2011 la cifra se disparaba hasta casi 7.500 millones.

Según estos datos, por tanto, el sistema de la Seguridad Social, con cargo a cotizaciones, paga hoy por estas ayudas, que responden a una decisión exclusivamente política, 4.690 millones, más incluso que en el año 2002, cuando la partida destinada a este concepto ascendía a casi 3.882 millones de euros (ver gráfico).

Esta evolución se explica fundamentalmente porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero año tras año fue subiendo las cuantías de las pensiones mínimas por encima de las del resto del sistema. Así, en los seis primeros años de su mandato estas prestaciones se incrementaron más que el IPC. Y en 2011, las únicas pensiones que no se congelaron y que subieron igual que la inflación fueron las mínimas, buena parte de ellas no contributivas. Así, durante el mandato socialista el coste de esta partida se ha disparado con un incremento medio anual de unos 500 millones de euros.

Otra de las medidas para inyectar liquidez al sistema será utilizar el excedente del fondo de reserva de las mutuas por la gestión de los accidentes laborales, que se acerca a los 6.000 millones de euros, tal y como informó ABC .

No obstante, esta medida no se incluirá en un primer momento en los presupuestos, sino que podría hacerse a través de enmiendas en la tramitación parlamentaria. La razón es que el Gobierno podría aprobar un decreto para poner en marcha la medida cuanto antes y dotar de liquidez a un sistema que sufre las consecuencias de la destrucción de empleo.