Guerrero: «Nada se hizo a espaldas del Gobierno andaluz»

Guerrero, acompañado por su abogado, Fernando de Pablo, ha llegado a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla a las 10.15 horas y ha puesto de manifiesto que "tengo ganas de contar toda mi verdad". "No me siento culpable de nada"; "tenía ganas de que llegara este día" y en la prensa "se ha dicho de todo" han sido algunas de las frases pronunciadas por el imputado antes de su comparecencia ante la juez de Instrucción número 6.

La declaración, que se ha desarrollado en una sala de vistas y no en el despacho de la instructora debido a la presencia de más de 40 abogados, ha comenzado a las 11.25 horas con la lectura del relato de imputación por parte de la magistrada, que le imputa hasta seis delitos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

En su relato de hechos imputables, que se ha prolongado por espacio de una hora, la magistrada ha hecho referencia a la declaración prestada por el que fuera chófer del imputado, Juan Francisco Trujillo, según la cual, y en palabras de la juez, ambos, "al término de su jornada laboral, se iban a bares de copas a consumir cocaína y alcohol con parte del dinero de las ayudas públicas", ante lo cual Guerrero ha negado con la cabeza. Según la instructora, estas ayudas iban dirigidas fundamentalmente "a ayuntamientos del PSOE" y a personas vinculadas con Guerrero y de la esfera socialista.

La juez ha citado, "una a una", todas las ayudas que Guerrero concedió a las distintas empresas investigadas, fundamentalmente las dirigidas a las empresas vinculadas a la Sierra Norte y, dentro de ellas, las concedidas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, que habrían recibido 29 millones de euros en ayudas.

Además, la magistrada ha asegurado que el imputado tenía conocimiento de la inclusión de 'intrusos' en las empresas investigadas, citando el caso de María del Carmen Fontela, incluida en el ERE del restaurante Río Grande, momento en el que Guerrero "también ha negado con la cabeza", según las fuentes del caso consultadas. Tras leerle los hechos que se le imputan, tuvo lugar un breve receso de unos 20 minutos, tras todo lo cual comenzó nuevamente el interrogatorio de Guerrero, quien ratificó su declaración policial y pidió ampliarla.

En este sentido, Guerrero, que ha querido dejar claro que no conocía la inclusión de 'intrusos' en los ERE, ha asegurado que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", punto en el que ha señalado que "cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia", llegando a citar a exconsejeros como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera o Isaías Pérez Saldaña. "Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte, Saldaña por la faja pirítica de Huelva y así cada uno por su provincia", ha detallado.

Asimismo, el imputado habría dicho que "el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema -de concesión de ayudas a empresas en crisis-, y eso es un dato objetivo", añadiendo que el mismo Consejo de Gobierno "veía la relación presupuestaria de las ayudas en la memoria". De hecho, habría señalado que la denominada partida 31L era una "partida blindada" y "la aprobaba la Intervención, el consejero o la consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz".

El imputado ha asegurado que el convenio-marco suscrito el 17 de junio de 2001 por el que se concedían las ayudas públicas de la partida 31L "se hizo ante el reparo en el último pago de las nóminas en Cárnicas Mólina, y se hace ante la preocupación del Gobierno de la Junta por mantener la paz social ante varias crisis".

Al hilo de todo ello, Guerrero ha aseverado que a él, personalmente, "no le gustaba mucho el convenio, porque era discrecional" y le generaba "peleas" con el IFA, de manera que "le hubiera gustado una orden o decreto para que llegara a más gente", punto en el que ha precisado que los borradores de orden o decreto que planteó "fueron al Consejillo -presidido por Zarrías- y no los vieron".

Tras un receso para comer entre las 15.00 y las 16.25 horas, la juez ha retomado el interrogatorio al imputado, quien ha declarado que recibió "indicaciones del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" y del que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá -imputado en esta causa- para que concediera determinadas ayudas a empresas.

Así, ha señalado que recibió un documento escrito del "Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" donde se le decía que "solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político", mientras que Barberá le dijo que "solucionara sí o sí" lo relacionado con la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que, según ha añadido, "supuso un incremento de 26 millones de euros en el presupuesto que él no tenía". De igual modo, el exalto cargo ha aseverado que "informaba de todas las ayudas, tanto de la cuantía como de sus destinatarios, en los consejos de dirección de Empleo, a los que asistían el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales", quienes "jamás le pusieron ningún reparo a ningún tipo ayuda".

Asimismo, la juez ha preguntado al imputado sobre el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y sobre el sindicalista Juan Lanzas, ambos imputados en esta causa, y sobre el primero de ellos ha asegurado que "nunca le pidió" que incluyera a ninguna persona en las ayudas de los ERE, entre ellos sus concuñados.

Guerrero, que también ha aludido en su declaración al diputado socialista en la última legislatura Ramón Díaz, ratificando lo dicho en su declaración ante la Guardia Civil, ha planteado como "hipótesis" que la destrucción de documentos de la que tuvo conocimiento una vez abandonó la Consejería y a la que hizo referencia en su declaración ante la Guardia Civil pudo ser ordenada por el consejero o el viceconsejero de Empleo.

En su declaración ha dicho que, "en su época, los expedientes iban completos, y los que hay en la causa no tienen nada que ver", por lo que "si faltan papeles es porque alguien los ha destruido", subrayando como "hipótesis", y ante la insistencia de la magistrada en este punto, que la orden de destruir estos papeles pudo ser del consejero o del viceconsejero de Empleo, pues "a un director general no se le ocurriría".

En la última parte de la comparecencia, ha sido cuestionado acerca de los supuestos pagos a despachos de abogados -hay que recordar que en la causa hay imputados abogados de los despachos Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís-, aunque ha negado "haber autorizado" dichos pagos.

La declaración se ha suspendido a las 19.25 horas a petición del imputado, que decía estar "cansado" y que "necesitaba aclarar sus ideas", de manera que se retomará este jueves a las 10.00 horas con nuevas preguntas de la instructora, que ha comentado a los letrados que "no ha llegado todavía ni a la mitad" del interrogatorio.