El director general del Menor en las Islas, acusado de nepotismo
Los funcionarios de la consejería que dirige Inés Rojas aseguran que tienen constancia de más casos
M. Á. MONTERO
Representantes de los comités de empresa de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias acusaron ayer de nepotismo al director general de Protección del Menor y de la Familia, José Gilberto Moreno. Los funcionarios del departamento que dirige la ... nacionalista Inés Rojas explicaron que Moreno les apartó de un trabajo relacionado con las familias numerosas para encomendárselo a un vecino suyo que, además, fue candidato de Coalición Canaria (CC) para ocupar uno de los sillones del salón de plenos del Cabildo de Gran Canaria.
Antonio Pérez, presidente del comité de empresa en Tenerife, detalló que un grupo de empleados públicos propuso hacer una especie de informe sobre los recursos de que pueden disponer las familias numerosas en cada uno de los municipios canarios. De modo que el trabajo se hacía, subrayó Pérez, «a coste cero y a iniciativa de los mismos funcionarios». Sin embargo, relató, el director general de Protección del Menor y de la Familia, tras el período estival, encarga la tarea a un autónomo por medio de un contrato de menor cuantía que asciende a 18.000 euros. El autónomo, Antonio Joaquín Medina, es vecino de Arucas —como Moreno— y además pertenece al mismo partido: CC, de cuyas listas para el cabildo grancanario formó parte en los últimos comicios.
El representante de los empleados del departamento regional ahondó en el caso y aseguró que cuando Medina se hace cargo del proyecto llega incluso a solicitar datos a los funcionarios, además de ofrecerles un curso sobre la materia, una materia, puntualizó, que aquellos «llevan gestionando en la comunidad autónoma desde que esta se constituyó como tal». A juicio, pues, de los comités de empresa, la contratación del que fuera candidato de CC supone un ejemplo «de cómo se ensucia la administración pública y de cómo se pudre un partido político».
Antonio Pérez avanzó además que su denuncia pública —convocaron a los periodistas a una rueda de prensa— ya está en manos de los servicios jurídicos de los sindicatos, a fin de estudiar si cabe la posibilidad de depurar responsabilidades en los tribunales. Con todo, adelantó también que este supuesto caso de enchufismo no es la única irregularidad administrativa de la que tienen constancia. Tan es así, que desafiaron a la consejería y advirtieron de que están dispuestos a hacer públicos en lo sucesivo cuantos hechos conocen.
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