La Generalitat pagará el coste de pleitear en catalán en Madrid

En declaraciones a «Catalunya Ràdio», la consejera aseguró que ya ha hablado de este tema con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «porque la Generalitat tiene la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el derecho de opción cuando tienen que acceder a los tribunales».

El mayor uso del catalán en el ámbito de la justicia —no llega a un 20% las sentencias redactadas en esta lengua— fue objetivo de los anteriores gobiernos tripartitos —PSC, ERC e ICV— y lo sigue siendo, obvio es, para un partido nacionalista como CiU, aunque en tiempo de recortes el pago de las traducciones en catalán para pleitear en Madrid pueda resultar cuando menos no prioritario. Precisamente, sus problemas de liquidez derivados de una deuda acuciante han llevado al gobierno de CiU a plantear nuevos formas de ingresos, como la aplicación de tasas en el ámbito de la justicia.

Al respecto, Bozal manifestó ayer su intención de mantenerlas, al margen de las que pueda implantar el Gobierno. «Nuestras tasas son autonómicas porque son por el apoyo que la Generalitat da a la justicia en materia de medios personales y materiales, es decir, que en este ámbito el ministerio no puede poner tasas», dijo la consejera, que prevé recaudar entre 15 y 20 millones de euros con esta medida que gravará con hasta 120 euros a los usuarios por la prestación de determinados servicios de la justicia.

Ante el alud de críticas que recibe por sus recortes presupuestarios el gobierno de Artur Mas esgrime que con el pacto fiscal que pregona la Generalitat no se vería abocada a la carestía. El pasado martes, en su discurso ante Consejo de Garantías Estatutarias —el trasunto de Tribunal Constitucional a la catalana que vela por el cumplimiento del Estatuto—, Mas avisó que, en defensa del pacto fiscal, Cataluña debe prepararse para «actos de autoafirmación que romperán las costuras» de las interpretaciones restrictivas realizadas hasta la fecha de la Constitución y del Estatuto.

Ayer mismo, uno de los presentes en el acto en que Mas lanzó su diatriba , el presidente del Consejo de Garantías Estatutarias, Eliseo Aja, le enmendó la plana. En declaraciones a TV3, este catedrático de Derecho Constitucional matizó la opinión del presidente de la Generalitat y señaló que es preferible «reformar» estos textos en vez de romperlos. Según dijo, Aja supone que cuando Mas pronunció aquellas palabras « estaban muy medidas» porque «no creo que ningún gobernante quiera romper con las normas superiores (que garantizan) la convivencia».

«Es posible que no haga falta una reforma total, se pueden cambiar uno o dos artículos y por tanto, no es preciso plantear los problemas de forma catastrofista», añadió.