«Imponen el catalán a los médicos para desviar la atención»

El protocolo —«Modelo de protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña»— fue editado por primera en noviembre de 2010, en tiempos del tripartito, por la Dirección General de Política Lingüística; aunque ahora ha sido recuperado por CiU. ¿Por qué? «Toda organización, ineludiblememte, tiene la necesidad de definir cómo debe gestionar sus comunicaciones y establecer unas normas por las que regirse...», se desgañita el citado Mercadé en el escrito de presentación. « Lo hacen para desviar la atención , para que no se hable tanto de los recortes en sanidad», replica en declaraciones a ABC Joaquín Maldonado, jefe de la sección de Cirugía pediátrica del Hospital Joan XXIII de Tarragona.

En el protocolo se recogen unas instrucciones que invitan a la risa si no fuera que el asunto, y más en el escenario de un hospital, es demasiado serio. Así, se conmina —a todo el personal, desde el administrativo al médico— «a utilizar siempre el catalán al iniciar una interacción lingüística con un usuario». En el caso de que el usuario no lo entienda, se pasa al castellano, pero procurando « repetir palabras o frases parecidas en catalán para ir introduciendo esta lengua en el universo de la persona recién llegada». Si no entiende ni el catalán ni el castellano, se aconseja «intentar buscar una lengua común» o requerir los servicios de un traductor o mediador, en alusión a los inmigrantes de origen africano, por ejemplo.

«Nosotros somo médicos y punto y normalmente atendemos sin problemas a las personas en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, y, si no puede ser, en inglés, francés o como sea», señala Maldonado. «El problema surge en el momento que publican este protocolo que, como tal, se entiende que es de obligado cumplimiento», señala.

Por eso la entidad Impulso Ciudadano, que preside José Domingo y cuyo delegado en Tarragona es Joaquín Maldonado, ha decidido presentar batalla contra esta normativa. Presentará un recurso contencioso-administrativo contra el mismo.

A juicio de Impulso Ciudadano, las reglas que en él se recogen «son contrarias al Estatuto de Cataluña en la interpretación dada por el Tribunal Constitucional que estableció como criterios de uso por parte de las Administraciones la igualdad de las lenguas oficiales y el derecho a su uso por parte de la Administración ». «La obligación de usar el catalán en detrimento del castellano es claramente inconstitucional y, además, vulnera los derechos de los pacientes recogidos en la Ley General de sanidad», advierten en un comunicado.

Fuentes del departamento de Salud de la Generalitat deslizan, a modo de supuesto alegato, que son unas «recomendaciones» y no una norma de obligado cumplimiento. Sin embargo, el protocolo, que ya por su denominación —no es una guía, por ejemplo— tiene una connotación de norma, es, además, tan exhaustivo, entra tan al detalle, que difícilmente puede calificarse de mera pauta indicativa. Así, alude a las comunicaciones públicas de los centros, ya sean actos como cursos o presentaciones o en su documentación o la megafonía. Pero incluso se inmiscuye en lo más privado; como las conversaciones telefónicas que mantengan los trabajadores en el ejercicio de su profesión, «que deben iniciarse en lengua catalana». O las conversaciones profesionales entre el personal —«especialmente ante terceras personas, como pacientes y familiares», o entre los profesionales y los usuarios. «Si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continúa hablándole en catalán, a menos que pida ser atendido en castellano», insiste el protocolo. Eso sí, concede, «en cualquier caso tiene que haber una buena predisposición para que la comunicación sea satisfactoria».