El TSJC reactiva el proceso contra el Govern por desacato lingüístico
El tribunal pide, en una providencia, que se considere someter la decisión al pleno de la Sala de lo Contencioso
Desde mediados del pasado septiembre la pelota está en el tejado de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Fue este tribunal, que preside el magistrado Joaquín José Ortiz Blasco, el que en un auto de julio de este año instó a la Generalitat a aplicar, en un plazo de dos meses, las ya famosas tres sentencias contra el sistema de inmersión en catalán en la enseñanza que el Tribunal Supremo (TS) dictó en diciembre de 2010. Áquellas que conminaban a la Consejería de Educación a garantizar que el castellano fuera también lengua vehicular en las escuelas catalanas.
Los fallos del TS estimaban unos recursos presentados por los padres de escolares catalanes y basaban sus argumentos en lo que el Tribunal Constitucional dirimió al respecto en julio de 2010 a propósito del recurso al Estatuto catalán.
Alegaciones
La historia es sabida: la Generalitat presentó recurso a la decisión del TSJC, conocida el 2 de septiembre, los padres que en su día acudieron al TS, apoyados por Convivencia Cívica Catalana (CCC), presentaron sus alegaciones, y la citada Sección Quinta suspendió el ultimátum de los dos meses hasta resolver el recurso. Y así hasta hoy, sin noticias. O casi.
En una providencia notificada el pasado 15 de diciembre a la que ha tenido acceso ABC, el tribunal que debe decidir sobre este recurso acordó, «dada la trascendencia de la cuestión que ha de resolverse», someter a la consideración del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC «si la misma ha de ser votada y fallada por el Pleno de la sala de lo Contencioso». Por los 24 magistrados que la integran.
«Lo que interpretamos con esta providencia es que el tribunal no se quiere “mojar” ante la relevancia del caso, las fuertes presiones...», declaró a ABC Ángel Escolano, el abogado que representa los intereses de Convivencia Cívica Catalana en esta causa. «Quieren diluir su responsabilidad sometiendo la cuestión a la veintena de magistrados»,señala el presidente de Convivencia, Francisco Caja.
No sería la primera vez que la controvertida inmersión lingüística del catalán que se aplica en las escuelas de Cataluña recala en el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. En julio de este año, diez días antes de que la Sección Quinta se pronunciara, el Pleno de esta sala dictó una sentencia, a propósito de un recurso sobre un decreto de 2008, que avalaba el modelo de inmersión. En concreto, 17 de los 24 jueces reunidos firmaron un fallo en el que se sentencia: «La lengua catalana es el vehículo de expresión normal tanto en las actividades internas como en las de la proyección exterior» de las escuelas».
Y por «normal» se entiende que «indica el carácter de lengua usual o habitual», relacionado «con las finalidades de normalización que se pretenda asumir», sin que eso implique la exclusión del castellano. Entre los siete magistrados que entonces firmaron un voto particular en contra estaba el presidente de la Sección Quinta, Ortiz Blasco; pero entre los que la suscribieron también se hallan otros miembros de este tribunal.
En todo caso, Escolano recalca lo sorprendente de esta última petición para que se decida en pleno. «En julio, lo que se sustanciaba era una sentencia a raíz de un recurso, pero es que ahora se trata de un auto de ejecución de una sentencia, en el que no cabe entrar en la cuestión de fondo, que ya decidió el Supremo».
Sea como sea, con dilaciones más o menos interesadas, el letrado augura que el pleno de la Sala de lo Contencioso tendrá que desestimar el recurso de la Generalitat e instar a la ejecución de la sentencia. Otra cosa es saber cuánto tiempo el gobierno de Mas aguantará sin acatar el fallo.
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