Zapatero deja a Rajoy la decisión de trasladar los restos de Franco

El argumento es que el anterior jefe del Estado no es «víctima» de la guerra (murió en 1975) y no merece estar, pero Primo de Rivera sí (fusilado en 1936), como los otros 33.487 de ambos bandos que murieron en combate, 15.000 de ellos sin identificar. Eso sí, se recomienda trasladarle a un sitio de menos preeminencia, similar al resto de los enterramientos.

La exhumación de Franco ha contado con el voto en contra de tres de los integrantes de esa comisión: uno de sus dos copresidentes, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y de Feliciano Barrios. En rueda de prensa junto con el otro copresidente, Virgilio Zapatero, y con el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, el propio González-Trevijano ha explicado el porqué de los tres votos en contra.

Consideran «complicado» el traslado de los restos de Franco porque se necesitaría conformidad de la Iglesia, y además los tres son partidarios de asumir la historia de España «tal y como es», aceptando «sus luces y sus sombras». Pero además, el traslado de Franco 36 años después de su muerte aún puede provocar «división, separación y tensión». Por su parte, el ministro Jáuregui cree que el futuro del Valle de los Caídos es un asunto «pendiente» para España y «una necesidad». «No es un acto de sectarismo, es un acto de reconciliación y de justicia».

Por eso pidió «por favor» al Gobierno de Rajoy que «no entierre en un cajón» el informe. La familia Franco no quiso ayer pronunciarse, aunque su hija Carmen ya dijo hace meses atrás que le parece mal.

La Comisión pide detener el deterioro del monumento y advierte de que, sin una actuación urgente, quedará en ruinas en poco tiempo. La reparación costará 13 millones, a los que habría que sumar la construcción de un memorial y un centro de interpretación de la Guerra Civil (1936-39). Además, se propone renegociar un nuevo convenio regulador del recinto con la Iglesia Católica, ya que el actual data de 1958. A juicio de la Comisión, con el tiempo transcurrido y la aprobación de la Constitución en 1978, este convenio se ha convertido en un «anacronismo» que debe ser cambiado para que la Iglesia «adapten sus actuaciones» allí a la nueva «resignificación (del recinto) que se pretende». «El nuevo convenio debe diferenciar entre las obligaciones religiosas y las de culto y el resto de las obligaciones y competencias que supone la administración y gestión del Valle; administración que salvo la Basílica, Abadía-Escolanía y Hospedería corresponderá a la Fundación», establece el informe de la comisión.