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La Generalitat pide aval jurídico para privatizar la sanidad pública

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El Instituto Catalán de la Salud paga 15.000 euros a una consultora para que le asesore

Día 19/11/2011 - 17.31h

El proyecto para desmantelar el actual organigrama de la salud pública catalana avanza a toda vela. El Instituto Catalán de la Salud (ICS), principal proveedor del sistema sanitario público del que dependen ocho hospitales de referencia, 285 ambulatorios y que emplea a 41.000 profesionales, ha pedido a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que le asesore jurídicamente en relación a «la creación de una nueva estructura organizativa» para la entidad.

Así lo expone en un documento, al que ha tenido acceso ABC, en el que los servicios legales de la citada consultora remiten también a la Generalitat los honorarios por el informe, un total de 15.000 euros. En el documento «Propuesta de servicios profesionales. Asesoramiento al Instituto Catalán de la Salud», con fecha del 29 de septiembre, la citada consultora recuerda, citando textualmente la propuesta que les ha remitido el ICS, que el proyecto de reestructuración de la sanidad pública pretende «reforzar la autonomía y responsabilidad de los centros sanitarios y de las áreas básicas territoriales del ICS mediante la creación de una entidad con personalidad jurídica própia y diferenciada para cada una de ellas».

Expone, asimismo, que otra fórmulas que contempla el ICS —empresa adscrita a la consejería que dirige Boi Ruiz— para reinventarse y sobre la que pide asesoramiento pasa por «facilitar la participación de los profesionales en la gestión de los centros y servicios a través de la creación de entidades de base asociativa, participadas minoritariamente por el ICS». Este punto, cuya viabilidad jurídica analizará un equipo de PwC dirigidos por el ex consejero de Presidencia de Jordi Pujol (CiU), Joaquim Triadú, es el que más ampollas ha levantado en el sector, que interpreta su creación como «una privatización encubierta del sistema». Portavoces de CC. OO. explicaron que estas Entidades de Base Asociativa (EBA), que ya funcionan en algunas áreas sanitarias, «son sociedades participadas por médicos que no hacen una gestión pública». Los galenos que participan aportan una cantidad inicial (3.000 euros) y pasan a estar en un régimen de semiexcedencia, centrándose en la gestión. Constituidos en una S. L., los facultativos se encargan de contratar la actividad. «Si se realiza menos de la prevista, el excedente se lo reparten y no va al sistema», denuncian.

No obstante, el ICS insiste en que el objetivo de su propuesta no es privatizar la sanidad pública sino hacerla más «eficiente». El director gerente del Instituto Catalán de la Salud, Joaquim Casanovas, matizó ayer a ABC que el plan de modernización del ICS, que deberá aprobarse por vía parlamentaria, «se basa en descentralizar la gestión para hacer más operativo el sistema». Eso pasa, según dijo, por dividir el ICS en entidades filiales, con carácter jurídico propio, que «tendrían su NIF y gestionarían de forma autónoma grandes hospitales bajo el paraguas del ICS». Reconoció, no obstante, que otra fórmula que se estudia es crear esas entidades asociativas en las que el ICS apenas participe. Según Casanovas, los equipos legales del ICS también analizan desde hace meses la viabilidad jurídica del proyecto. Entre ellos, el gabinete Toda&Nel.lo, en cuyo informe, consultado por este diario, sus juristas apuntan qué artículos de la ley del ICS deben cambiar el redactado para ajustarse a la reformulación prevista.

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