Estado de quiebra

Pero la situación del TC y del ascenso de la izquierda proetarra en el País Vasco demuestra que España es el escenario de varias crisis, todas ellas cebadas por la impericia de un Gobierno tanto más incompetente cuanto más empeoraban los acontecimientos. Como Estado de Derecho, España tiene al máximo órgano de control constitucional, el TC, abierto en canal, tras la legítima renuncia de tres de sus magistrados, Eugeni Gai, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado Barrio, quienes debieron haber sido sustituidos en noviembre de 2010. Su dimisión ha sido rechazada por el presidente del TC, Pascual Sala, para seguir maquillando el estado de abandono en que se encuentra la institución. El Gobierno y la oposición deben asumir su responsabilidad por no haber sabido, querido o podido renovar a tiempo, y deben hacerlo con respeto a las reglas del juego constitucional, designando a personas capaces, con autoridad jurídica contrastada y dispuestas a cumplir su función sin prejuicios ni ataduras partidistas. Si se hubieran aceptado sus renuncias, el TC contaría con el número mínimo de magistrados necesario para resolver, pero, lejos de ser un remedio para mantenerlo en esa situación, semejante precariedad no haría sino aumentar la necesidad de cubrir con urgencia las vacantes.

Como Estado democrático ha perdido terreno frente a ETA. Bildu controla el territorio histórico de Guipúzcoa, y, aunque el precandidato socialista y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se lamente de que la izquierda «abertzale» tenga tanto poder, también ahí el Gobierno socialista tiene dónde reconocer los frutos de sus temerarios experimentos negociadores con los terroristas. Esta legislatura socialista, que iba a ser la de la derrota de ETA, va a terminar con más ETA que nunca en las instituciones, donde a Bildu ya se le está encogiendo la piel de cordero y se le ven las patas de lobo, como en el acoso al concejal del PP en Elorrio.

Y en todo este desplome político, institucional y económico, el Gobierno y el PSOE rehúyen la única opción de dignidad democrática que les queda y anuncian que no habrá adelanto electoral, decisión tomada solo para subordinar el interés general a las necesidades de la candidatura oficialista de Pérez Rubalcaba. Del Gobierno de Rodríguez Zapatero, más allá de una reforma de la negociación colectiva que no ha convencido a nadie, solo se tiene noticia por las peripecias de la campaña del precandidato socialista. Pero la ausencia del presidente del Gobierno y la inactividad general de su equipo, unidas a los fiascos de la «crisis del pepino» o de la última reforma judicial, demuestran que aquello de no disolver el Parlamento para seguir con las reformas pendientes no era más que una excusa gratuita para aferrarse al poder y ganar tiempo. El PSOE vuelve a creer que toda España debe estar pendiente de cómo evolucionen sus problemas de partido, y no al revés.

Los resultados del 22-M no fueron coyunturales. Reflejaron el punto final del Gobierno socialista, y los hechos lo están confirmando. Desde entonces hasta hoy, España carece de dirección política y emite mensajes cada vez más negativos a los mercados y los organismos internacionales. No hay un frente abierto en el que el Gobierno no haya dejado una impronta de pesimismo y de mala gestión. Y lo peor de todo es que, a pesar de voces sueltas, los socialistas siguen comportándose como si la quiebra de España no fuera con ellos.