Una juez de Toledo investigará las cuentas de la Hípica de José Bono

Según la asociación «Ciudadanía Anticorrupción» (que ejercerá la acusación en solitario como acción popular), el desarrollo experimentado por las instalaciones de Hípica Almenara a partir de 2004 (año en el que Bono deja la presidencia de Castilla-La Mancha para convertirse en ministro de Defensa) no tiene reflejo ni en las cuentas anuales correspondientes a ese ejercicio ni en las de los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

La titular del Juzgado cree que «a priori no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados», razón por la cual decide abrir unas diligencias previas e investigar los hechos denunciados. Tampoco está de acuerdo con la Fiscalía en lo que se refiere a la fundamentación de la querella, sobre la que la juez asegura que «no está exenta de datos o elementos fácticos que, indiciariamente, pudieran aparecer como constitutivos de delito». En opinión del Ministerio Público, la denuncia «se limita a afirmar que es público y notorio el notable incremento patrimonial de la Hípica Almenara citando informaciones periodísticas».

Hay tres datos aportados por la asociación querellante que la instructora considera significativos y que reproduce en su resolución, dictada el pasado día 17 y notificada ayer. A la vista de las cuentas anuales de 2004, sostiene la querella, «la cifra contabilizada en el inmovilizado no justifica tan formidable inversión en comparación con el ejercicio 2003». Y en el «pasivo» de ese año, añade, tampoco se ve un incremento de la deuda «que permita intuir cómo se ha financiado o pagado la inversión realizada». Finalmente, la querella señala que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2004 registra, una vez satisfechos los impuestos, un resultado neto de 108.912,39 euros que «engrosa» la cifra de remanente «sin reparto y aplicación de deudas que hubieran justificado el incremento patrimonial de las instalaciones».

Con estos datos sobre la mesa, la juez rechaza que se pueda inadmitir la querella sin efectuar «al menos» un «examen íntegro de las cuentas anuales de los ejercicios 2004 a 2008». La magistrada pedirá copia de dichas cuentas al Registro Mercantil de Toledo para «compararlas con la documental referente a la reforma y ampliación de las instalaciones de la Hípica Almenara», que reclamará a la mercantil así como a Onde-2000 (Obras Nuevas de Edificación 2000), sociedad que ejecutó las obras.

De momento, sin embargo, no citará a declarar como imputados, tal y como solicitó la querellante, a los cuatro administradores que supuestamente habrían falseado las cuentas. La titular del Juzgado toledano valorará esta cuestión después de analizar la documentación.

La magistrada desecha también que la asociación «Ciudadanía Anticorrupción» carezca de legitimación para interponer la querella, tal y como sostiene el fiscal. En este caso, explica el auto, como el delito societario denunciado (el del artículo 290 del Código Penal) puede afectar al interés general, la ley permite que la denuncia se presente por una acusación popular y no sólo por los afectados.

Y es precisamente la presencia de Bono como accionista mayoritario de Hípica Almenara (posee el 80 por ciento de las acciones, mientras que miembros de su familia son propietarios del 20 por ciento restante) lo que podría dañar ese interés general si se confirma la veracidad de los hechos denunciados.

«Y es que el supuesto que se trae a colación —indica la juez en el auto—, al margen de poder causar un perjuicio económico a los socios, accionistas o terceros, atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara es actualmente un alto dignatario del Estado, así como un anterior alto dignatario del Gobierno de España y de la administración autonómica castellano-manchega».

Es una «cuestión no baladí —añade la juez— al tratarse de una actividad privada de un gestor público de quien debe predicarse un digno ejercicio de todas sus actividades, públicas y privadas». Y ese deber de transparencia debe extenderse «a los administradores, gerentes o responsables de las sociedades o negocios en los que el cargo público participa, con un nada desdeñable 80 por ciento, como es la Hípica Almenara».

Hace dos semanas, un ex diputado del PP presentó otra querella, ésta contra Bono, en el Supremo. Está pendiente de admisión o no a trámite.